Integrantes de la conducción provincial de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) presentaron en la Legislatura de Neuquén un proyecto para la protección integral de docentes contra todo tipo de violencias. La iniciativa se da en el contexto de las agresiones a docentes en el IFD N° 12 la semana pasada y reiteradas situaciones que se repiten en las escuelas.
Desde ATEN explicaron que la iniciativa responde a una “demanda sentida” por la docencia y necesaria a fin de “resguardar la escuela como un espacio libre de toda violencia”.
El proyecto de ley lleva la firma del secretario general, Marcelo Guagliardo, y de la adjunta, Cecilia Galetto y crea un Plan de Protección Integral de los Trabajadores de la Educación, el que contempla asistencia y acompañamiento estatal a las víctimas de violencia, sanciones a quienes agredan a personal docente y la creación de un registro de agresores.
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En los fundamentos, sostienen que la propuesta busca establecer medidas de protección integral para los trabajadores y las trabajadoras de instituciones educativas públicas y privadas, en todos sus niveles y modalidades, con el fin de evitar que sufran agresiones en ocasión del ejercicio de sus funciones.
Al respecto, señalan que el Estado provincial deberá tomar las medidas de seguridad necesarias y pertinentes, para evitar cualquier acto de violencia en los establecimientos educativos y sus alrededores, ya sea a través de personal de seguridad o de dispositivos electrónicos de protección.
La normativa prevé, entre otros aspectos, el acompañamiento por parte del Estado a la víctima mediante asistencia médica, psicológica y legal gratuita, asegurando las medidas de protección institucional. A la vez, determina que el empleador deberá efectuar inmediatamente la denuncia por «accidente de trabajo» ante la ART correspondiente y deberá garantizar la cobertura de todos sus gastos médicos, farmacológicos, asistenciales y estudios médicos ocasionados por la agresión.
En otro tramo, consideran que el Estado Provincial debe garantizar que las instituciones educativas sean ámbitos “seguros, cálidos, de paz y de convivencia pacífica, donde todos los actores del sistema puedan desarrollar sus tareas y actividades sin preocupación o temor de sufrir actos de violencia”.
En este sentido, señalan que el sistema educativo tiene que formar ciudadanos que sepan resolver sus diferencias y problemas a través del diálogo, de manera responsable y sin recurrir a la violencia de ningún tipo.
