La Legislatura del Neuquén aprobó este jueves una comunicación que rechaza el dictamen del Congreso nacional que busca reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, identificada como Comunicación 293, obtuvo mayoría durante la 11° sesión ordinaria.
El pronunciamiento fue respaldado por el MPN, Juntos por el Cambio-UCR, Juntos, PTS-FIT Unidad, FIT-U, Avanzar, Neuquén Federal, Arriba Neuquén y Unión por la Patria. Comunidad, PRO-NCN y Fuerza Libertaria votaron divididos.
En el bloque Comunidad, el diputado Ernesto Novoa se expresó a favor del dictamen nacional, mientras que el resto lo rechazó. En el PRO-NCN, Damián Canuto y Marcelo Bermúdez votaron en contra del rechazo, mientras que Mercedes Tulián y Verónica Lichter lo respaldaron. En Fuerza Libertaria, Alberto Bruno votó a favor de la baja, y Guillermo Monzani en contra.
Durante el debate, la diputada Cieliubi Obreque (MPN) afirmó que el dictamen del Congreso “no está basado en datos certeros y actualizados” y sostuvo que implica “un retroceso de derechos”. Su compañera Ludmila Gaitán advirtió que la medida “profundiza la exclusión” y violenta principios constitucionales. “Esta ley es socialmente regresiva, políticamente grave y jurídicamente irresponsable”, afirmó.
Yamila Hermosilla (Comunidad) argumentó que los menores que delinquen “son víctimas de un sistema que no los está viendo” y cuestionó la falta de un plan de contención.
Carlos Coggiola (Neuquén Federal) calificó el dictamen de la Cámara baja como “demagógico” y reclamó un debate integral sobre una nueva ley penal juvenil. En la misma línea, Darío Martínez (UxP) sostuvo que “bajar la edad de imputabilidad es reconocer el fracaso de las políticas públicas”.
César Gass (JxC-UCR) remarcó que “el Estado no cuenta con las herramientas para asistir a los jóvenes que delinquen”. Mercedes Tulián (PRO-NCN) sostuvo que la discusión refleja “el fracaso de las políticas de protección de la infancia”.
Andrés Blanco (PTS-FIT-U) denunció que el proyecto del Congreso “es humo para la campaña” y subrayó que la pobreza infantil alcanza al 70%. “Correr el eje del debate es violar derechos constitucionales”, dijo.
Desde una postura disidente, Ernesto Novoa (Comunidad) sostuvo que los adolescentes “ya comprenden la gravedad de sus actos” y cuestionó que “lo peor que le puede pasar a una sociedad es la impunidad”.
Damián Canuto (PRO-NCN) consideró necesario “un régimen penal juvenil especial” y defendió que el Estado “debe imputar conductas y castigarlas”.
Brenda Buchiniz (Cumplir) criticó el debate por anticipado y remarcó que “el Congreso aún no tomó una decisión final”. “Estas discusiones no cambian la realidad de los argentinos y de los neuquinos”, concluyó.
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