Alerta por decreto 383/25: APDH advierte sobre represión y vigilancia ilegal

La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) expresó su rechazo al decreto 383/25 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, que otorga a la Policía Federal facultades que podrían vulnerar derechos y garantías constitucionales. Este decreto, que implica una reforma en materia de seguridad, representa un retroceso significativo al evitar el debate legislativo en el Congreso.

“En primer lugar, por un decreto delegado fundado en las facultades extraordinarias otorgadas por la reforma constitucional de facto llamada “Ley Bases”, se pierde una vez más la posibilidad de discutir un modelo de seguridad democrática que nos debemos desde la recuperación de la democracia”, señalan desde la APDH.

“En segundo lugar, y en sintonía con el relato de la pésima funcionaria Patricia Bullrich, se le otorga a la Policía Federal amplias facultades sin necesidad de orden judicial. Por ejemplo, desarrollar tareas de inteligencia en el marco de protestas sociales o ciberpatrullajes con el supuesto objetivo de “proteger al Estado”, agregan.

En este sentido, desde la APDH señalan que esta nueva reforma que impone el gobierno nacional tiene que ser entendida junto con otras dos normas más. “Por un lado, el plan secreto de Inteligencia del Estado. Por otro lado, el decreto que modificó la adquisición de armas de uso civil”. Y detallan:

• Respecto al plan de inteligencia, se conoció que podrá ser utilizado para la producción de información de contenido “político”, lo que se encuentra prohibido por la ley de inteligencia nacional. No puede el Estado espiar a las personas por como piensen políticamente o socialmente. Según el plan, Inteligencia podría espiar a quienes son críticos del programa económico del gobierno que, además de encontrarse prohibido, es absolutamente inconstitucional.
• Se pretende instalar un modelo de Estado autoritario mediante la censura a la libertad de expresión y de prensa y de persecución a quienes piensan distinto del gobierno nacional.
• También, pretenden que los conflictos sean resueltos mediante la violencia. Mediante el Decreto 397/2005 se habilitó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) a autorizar la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas, símil fusiles, carabinas o ametralladoras a los usuarios de armas de uso civil. La política de seguridad debe orientar al desarme de la sociedad. Más cantidad de armas es mayor violencia.

Integrantes de la APDH concluyen que las tres normas van en una misma sintonía: «Un Gobierno que no tolera la crítica. Que pretende utilizar las fuerzas de seguridad para aplacar a quienes piensan distinto, porque en el fondo saben que su modelo económico de empobrecimiento de la gran mayoría de la población y de una ficticia baja de inflación, más temprano que tarde fracasará. Muchas de estas reformas fueron posibles por la anuencia de muchos legisladores nacionales que levantaron la mano a favor de la Ley Bases y gobernadores que no alzaron su voz para impedir las graves consecuencias que provocarán estas medidas».