La Comisión Directiva de ATEN Cutral Co y Plaza Huincul expresó su “profunda preocupación y enérgico repudio” ante el accidente laboral ocurrido en la obra del CPEM 6/43, donde tres trabajadores sufrieron heridas tras la caída de un andamio mientras realizaban tareas a más de seis metros de altura.
Desde el gremio señalaron que el hecho no constituye un episodio aislado. “Cuando se trabaja a más de seis metros de altura y las estructuras ceden, cuando no se garantizan condiciones seguras y no existen controles eficaces, estamos frente a una cadena de irresponsabilidades con responsables concretos”, afirmaron en el comunicado.
ATEN planteó interrogantes sobre las condiciones en las que se ejecutan las obras públicas. “¿Las empresas que contrata el Gobierno garantizan condiciones reales de seguridad? ¿Existen controles técnicos y estatales efectivos sobre las obras públicas que se realizan en nuestras escuelas?”, cuestionaron.
El sindicato advirtió que la precarización, la falta de supervisión y la ausencia de controles “vuelven a poner en riesgo la vida de trabajadores y trabajadoras”. Además, indicó que, según trascendió, la empresa habría continuado con las tareas luego del siniestro, lo que consideraron “un absoluto desprecio por la integridad física de quienes allí trabajan”.
En el texto, ATEN remarcó que se trata de un edificio escolar al que asisten estudiantes, docentes, auxiliares y familias. “Si hoy no se garantizan condiciones seguras durante la ejecución de la obra, ¿qué tranquilidad puede tener mañana la comunidad educativa?”, señalaron.
El gremio recordó además antecedentes trágicos en la provincia: “En nuestra provincia ya hemos sufrido consecuencias irreparables por la desidia en infraestructura escolar. Recordamos con dolor a Mónica Jara, Nicolás Francés y Mariano Spinedi, víctimas de la explosión en Aguada San Roque, y también a Silvia Rogetti. Sus nombres nos obligan a no naturalizar nunca más situaciones que pongan en riesgo vidas”.
Entre los reclamos, ATEN exigió investigación inmediata y exhaustiva, determinación de responsabilidades de la empresa contratista y de funcionarios del Ejecutivo provincial y/o del Distrito II, suspensión preventiva de las tareas hasta garantizar condiciones seguras certificadas, cumplimiento efectivo de normas de seguridad e higiene laboral y transparencia en los procesos de contratación y control.
“La escuela debe ser un espacio seguro para toda la comunidad: estudiantes, docentes, auxiliares y también para quienes trabajan en su infraestructura. No puede haber más negligencia ni más desidia estatal”, sostuvieron. Y concluyeron: “La vida está por encima de cualquier contrato. No queremos escuelas que se inauguren rápido; queremos escuelas que sean seguras”.
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