El diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco, cuestionó la ley de emergencia sanitaria que el gobierno de Rolando Figueroa pretende aprobar en un tratamiento “express” el lunes.
“La crisis de los hospitales y centros de salud de la provincia es grave. Los trabajadores y trabajadoras y pacientes vienen denunciando, desde hace décadas, los problemas de infraestructura, las condiciones precarias de trabajo y atención, la falta de personal, de aparatología, medicamentos e insumos”, señaló el diputado Blanco sobre la situación de emergencia sanitaria que atraviesa Neuquén.
Sin embargo, consideró que el proyecto del gobernador Rolando Figueroa “no tiene el objetivo de resolver el vaciamiento del Sistema Público de Salud. Habla de indicadores críticos de acceso a la salud de la población por la falta de profesionales e insumos pero no destina partidas presupuestarias de emergencia para resolver esa situación crítica”.
En este sentido, cuestionó que el único fin de la ley de emergencia es darle superpoderes al Ministerio de Salud para manejar los recursos existentes a su antojo”. Y agregó: “Con la excusa de «simplificar» los tiempos le da facultades especiales al Poder Ejecutivo, como lo hizo con la nueva ley de Becas en Educación”.
Por otra parte, indicó que “la ley autoriza al Ejecutivo a reestructurar el presupuesto existente pero no dice dónde va a sacar los recursos para destinarlos a las compras directas de bienes e insumos. Dicen que recibieron una deuda $11.400 millones pero no dicen qué pasó con la ejecución del presupuesto 2023 ni tampoco si van a investigar a las y los responsables”.
Finalmente, Blanco afirmó que el “comité de seguimiento, formado por funcionarios de Salud y la Legislatura y un representante de las y los usuarios del sistema, es una formalidad porque no le da verdadero poder de control en las contrataciones y no incluye a las organizaciones gremiales de los trabajadores y trabajadoras”.
El diputado del Frente de Izquierda hizo un llamado a los diputados y diputadas y al gobierno de la provincia a “poner en debate la crisis de la salud pública con las y los trabajadores y usuarios de los hospitales y centros de salud para tomar las medidas urgentes y necesarias para garantizar el derecho a la salud de la población”.
