Una misión de veedores de derechos humanos que partió desde Buenos Aires en la madrugada del 15 de junio fue impedida de ingresar a Bolivia y deportada a Ezeiza. La delegación llegó sin inconvenientes a Santa Cruz de la Sierra, pero al arribar al aeropuerto de El Alto en La Paz fue devuelta a Santa Cruz, donde los retuvieron en el avión para su deportación.
La misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil boliviana con el objetivo de relevar las violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que, según denuncian, busca impedir el derecho constitucional a la protesta del pueblo boliviano. La delegación contabiliza una decena de asesinatos, centenares de presos políticos con denuncias de torturas, secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios, agresiones a la prensa y actos de discriminación y racismo.
#Ahora
Niegan el ingreso de organizaciones de DDHH a La Paz. Por la fuerza son enviados nuevamente a Santa Cruz donde habían podido ingresar sin inconvenientes. pic.twitter.com/0XGGM8uE2S— CORREPI (@CORREPI) June 15, 2026
Los organizadores denunciaron que la expulsión «constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos», y advirtieron que atenta contra los fueros diplomáticos del diputado nacional Juan Marino (Partido Piquetero) y la legisladora porteña Vanina Biasi (Partido Obrero-Frente de Izquierda), integrantes de la delegación.
La misión estuvo integrada además por Soledad Mosquera, secretaria general de Ademys e Izquierda Socialista-FITU; María José Cano, de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTAA); Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); Leonardo Arias, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); e Ingrid Natalí Urrutia, legisladora electa del MST-FITU y secretaria general de ATE INCAA, entre otros representantes de organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos.
La convocatoria contó con la adhesión de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CORREPI, H.I.J.O.S., el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro y el Servicio de Paz y Justicia, entre otras. Los organizadores llamaron a las organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales a «estar alertas ante la situación» y recordaron que «la solidaridad internacional no es delito».
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