La diputada provincial Brenda Buchiniz, del bloque Cumplir, presentó en la Legislatura de Neuquén dos iniciativas para fortalecer la seguridad penitenciaria y prevenir delitos cometidos con celulares clandestinos dentro de los establecimientos de detención. Se trata de un proyecto de ley para adherir al programa nacional de detección y bloqueo de dispositivos móviles, y de un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial.
Según informó la legisladora, la propuesta surge frente al riesgo de que los teléfonos ingresados o usados de manera irregular en las cárceles permitan realizar estafas, amenazas y extorsiones, o coordinar actividades delictivas con personas que están fuera de las unidades.
«Una persona puede estar privada de su libertad y, sin embargo, seguir cometiendo delitos desde una celda si tiene acceso irrestricto a un teléfono celular. No podemos permitir que las cárceles se conviertan en lugares desde donde se organizan estafas, amenazas o extorsiones contra ciudadanos que están afuera. El Estado tiene la responsabilidad de impedirlo», expresó Buchiniz.
El proyecto de ley
El proyecto propone que Neuquén adhiera al Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, creado por la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. Según la iniciativa, el mecanismo permite identificar dispositivos móviles activos en zonas restringidas y gestionar su bloqueo a través de las autoridades nacionales y las empresas de telecomunicaciones.
El sistema usa dos identificadores técnicos. El IMEI individualiza el equipo y el IMSI identifica la tarjeta SIM o la suscripción móvil. Una vez detectados, los datos se remiten por los procedimientos nacionales para solicitar el bloqueo del dispositivo, de la tarjeta y de la línea asociada. Según Buchiniz, así se busca impedir que los teléfonos clandestinos sigan operativos, incluso cuando las requisas no los encuentran físicamente.
En los fundamentos, la diputada argumentó que las requisas tradicionales resultan insuficientes frente a dispositivos cada vez más pequeños y fáciles de ocultar.
La iniciativa establece que el Ministerio de Seguridad provincial será la autoridad de aplicación y faculta al Poder Ejecutivo a firmar los convenios necesarios con la Nación. Prevé una implementación progresiva, con prioridad en el uso de recursos existentes y sin crear nuevas estructuras administrativas permanentes.
«Hoy existe una herramienta para detectar y bloquear estos dispositivos en cárceles federales. Neuquén tiene la posibilidad de incorporarse y sumar tecnología a los controles penitenciarios. La seguridad no se mejora solamente con discursos: necesita medidas concretas, coordinación y resultados que puedan verificarse», sostuvo la legisladora.
Según el proyecto, la tecnología debe funcionar solo dentro de los perímetros autorizados, sin afectar las comunicaciones de vecinos, comercios o personas que circulen por las inmediaciones. El texto preserva las comunicaciones legalmente autorizadas de las personas privadas de la libertad y establece mecanismos de protección de datos, auditoría y control. No habilita la interceptación ni el acceso al contenido de comunicaciones privadas fuera de los procedimientos legales.
Si se aprueba, el Ejecutivo deberá informar a la Legislatura sobre las gestiones existentes en los primeros 15 días de vigencia de la norma e iniciar o continuar las acciones para incorporarse al programa en un plazo de 60 días. También deberá procurar asistencia técnica y financiera de la Nación e informar el costo estimado y las fuentes de financiamiento antes de implementar el sistema.
El pedido de informes
Buchiniz presentó además un proyecto de resolución para pedirle al Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, información sobre las acciones actuales para prevenir el ingreso y el uso no autorizado de celulares en los establecimientos de detención.
El pedido busca saber si Neuquén prevé adherir al programa nacional, si ya inició contactos o gestiones ante organismos nacionales y si hizo evaluaciones técnicas, operativas o económicas. También pregunta si la Provincia gestionó o prevé gestionar asistencia técnica, equipamiento o financiamiento nacional, y qué protocolos y sistemas usa hoy para detectar o impedir el uso irregular de celulares. Requiere además información sobre un cronograma para decidir la adhesión o, si no está prevista, los motivos.
«Queremos saber qué está haciendo hoy el Gobierno provincial para evitar que se utilicen celulares clandestinos dentro de las cárceles. Si ya existen controles, corresponde conocer cuáles son y cómo funcionan. Y si se está evaluando incorporar este programa, queremos saber en qué estado están las gestiones. La seguridad pública exige información, planificación y decisiones», señaló Buchiniz.







































