La diputada libertaria, Brenda Buchiniz, presentó un proyecto de ley que propone arancelar la atención en salud y los estudios superiores para extranjeros no residentes en la provincia. La iniciativa alcanza a personas con residencia transitoria o con autorización de residencia precaria, quienes deberían abonar aranceles por utilizar el sistema sanitario provincial y por cursar en instituciones públicas de nivel superior.
El texto crea dos fondos específicos —uno para salud y otro para educación— destinados exclusivamente a reinvertir lo recaudado. En el caso del Fondo Especial para la Salud Pública, los recursos se aplicarán a mejoras en hospitales y centros de salud, compra y mantenimiento de equipamiento, mobiliario, capacitación del personal y programas de calidad asistencial, bajo la órbita del Ministerio de Salud.
El proyecto garantiza la atención en situaciones de urgencia y emergencia, aunque establece que el Estado podrá activar mecanismos de recupero de gastos, en forma complementaria con la ley 3431. También contempla excepciones: víctimas de trata, refugiados y solicitantes de asilo quedarán exentos del pago de aranceles.
Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo provincial a firmar convenios de reciprocidad con otros países. Cuando existan estos acuerdos, los ciudadanos neuquinos podrán acceder a atención gratuita en el exterior, y las personas alcanzadas por esta ley quedarán eximidas del pago de aranceles en la provincia.
En el ámbito educativo, la iniciativa fija aranceles para extranjeros transitorios o con residencia precaria que cursen en instituciones públicas de nivel terciario, institutos técnicos superiores y de formación. Lo recaudado se destinará a gastos de funcionamiento, mejoras edilicias, equipamiento y mobiliario, con la prohibición expresa de utilizar los fondos para el pago de salarios. El Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación.
En los fundamentos, Buchiniz sostiene que el Estado “no puede ser un financiador ilimitado de servicios para personas que no contribuyen al sistema” y argumenta que salud y educación públicas se sostienen con aportes de la ciudadanía local. Asegura además que el arancelamiento constituye “un acto de justicia fiscal, de respeto al contribuyente y de defensa de la libertad frente al gasto público indiscriminado”.
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