La legisladora de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, solicitó incorporar al proyecto de ley que ratifica el convenio para que la provincia asuma la gestión, administración y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151 una facultad expresa para reclamar ante el Gobierno Nacional los recursos que legalmente correspondan a Río Negro para financiar obras y mantenimiento vial.
El planteo fue presentado ante el presidente de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura, Carlos Valeri, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley 1012/2026, que además contempla la declaración de la Emergencia Vial Provincial.
La legisladora propuso modificar el artículo 4 de la iniciativa para facultar de manera expresa al Poder Ejecutivo provincial a determinar, gestionar, reclamar y percibir créditos, transferencias, compensaciones y otros recursos nacionales destinados al financiamiento vial, incluidos los provenientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y otros fondos con afectación específica.
«La Provincia está tomando una decisión de enorme trascendencia al asumir responsabilidades sobre dos rutas estratégicas que durante décadas estuvieron bajo jurisdicción nacional. Si Río Negro va a hacerse cargo de las obras, el mantenimiento y la seguridad vial, también tiene que estar expresamente facultada para reclamar cada peso que legítimamente le corresponda», sostuvo Mansilla.
La legisladora advirtió que la transferencia obligará a la provincia a afrontar con recursos propios la recuperación de corredores con un importante nivel de deterioro, y recordó que el propio proyecto autoriza un endeudamiento de hasta 60 millones de dólares para financiar las primeras intervenciones. «No podemos discutir solamente cómo conseguir financiamiento o cuánto se va a endeudar la Provincia. Antes debemos asegurarnos de reclamar todos los recursos que Río Negro tiene derecho a percibir y que están vinculados específicamente al sostenimiento de la infraestructura vial», afirmó.
Según explicó, existen regímenes nacionales de distribución y afectación de recursos provenientes de los combustibles destinados a infraestructura y mantenimiento vial, por lo que consideró necesario que la futura ley otorgue al Ejecutivo herramientas suficientes para gestionar esos fondos y, eventualmente, reclamar de manera administrativa o judicial los montos que correspondan y no sean transferidos.
«Estamos de acuerdo en que Río Negro debe tener capacidad para resolver un problema que afecta diariamente a miles de vecinos, a la producción y a quienes transitan las rutas 22 y 151. Pero asumir responsabilidades no significa resignar derechos. Nación también debe cumplir con las obligaciones financieras que le correspondan», expresó Mansilla.
La modificación propuesta establece además que el Gobierno provincial pueda efectuar liquidaciones, intimaciones y reclamos administrativos y, de ser necesario, promover acciones judiciales para obtener el reconocimiento y cobro de fondos adeudados o no transferidos.
Para la legisladora, la transferencia de las rutas debe acompañarse de mecanismos que protejan las finanzas provinciales. «Queremos que Río Negro tenga autonomía para administrar estas rutas, pero una autonomía real. Eso significa poder decidir y ejecutar las obras, pero también defender los recursos de los rionegrinos y no terminar financiando exclusivamente con impuestos provinciales y endeudamiento responsabilidades que hasta ahora correspondían al Estado Nacional», concluyó.
Autor
