El diputado provincial César Parra (PO-FIT-U) presentó un proyecto de ley para regular los contratos de alquiler de viviendas únicas y permanentes en la provincia de Neuquén. La iniciativa surge como respuesta a la crisis habitacional y a la desregulación del mercado inmobiliario, con el objetivo de establecer condiciones contractuales más justas para los inquilinos.
El proyecto fija un plazo mínimo legal de tres años para los contratos de alquiler destinados a vivienda. Además, determina que cualquier cláusula que establezca un período inferior se considerará no escrita.
En relación con el valor de los alquileres, la propuesta establece que las actualizaciones sólo podrán realizarse una vez por año. El incremento se calculará mediante el promedio entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
La iniciativa también prohíbe el uso de bonificaciones, tasas usurarias o metodologías que afecten la transparencia de la relación contractual.
Para garantizar el cumplimiento de la norma, el proyecto prevé la creación de la Comisión Provincial de Seguimiento y Control de Locaciones Habitacionales. El organismo se integrará mediante convocatoria pública con representantes de la Federación de Inquilinos, sindicatos y organizaciones sociales vinculadas a la temática.
En los fundamentos del proyecto, Parra advierte sobre la grave crisis habitacional que atraviesa la provincia. Según datos de la última Encuesta de Hogares, alrededor del 30% de la población neuquina, más de 210.000 personas, alquila la vivienda en la que reside.
El legislador sostiene que la falta de planes de viviendas populares, loteos y créditos hipotecarios accesibles, sumada a la especulación inmobiliaria y a la derogación de las leyes nacionales de alquileres, obliga a muchas familias a destinar más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler.
Además, afirma que, si bien la solución definitiva requiere una política habitacional integral basada en la construcción de viviendas y el acceso al crédito, la provincia debe ejercer sus facultades para defender el derecho a la vivienda y limitar los abusos de un mercado que, según plantea, se encuentra completamente desregulado.
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