Las comunidades mapuches Lof Kaxipayin, Lof Fvta Xayen y Lof Campo Maripe presentaron una denuncia penal contra la empresa petrolera YPF S.A. y funcionarios públicos provinciales. La acusación se basa en la supuesta disposición ilegal y sistemática de residuos peligrosos líquidos en pozos sumideros, poniendo en riesgo el ambiente y la salud pública.
La denuncia presentada ante el fiscal general José Ignacio Gerez señala a YPF S.A. como la operadora responsable de la «disposición final ilegal de residuos peligrosos en pozos sumideros». Además se apunta a funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén, tanto de la gestión actual como de las anteriores, por su supuesta omisión en los deberes de control.
Un sistema de contaminación «ilegal y sistemático” contra las comunidades
Los denunciantes señalan que los acusados violan el régimen penal de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N.º 24.051, en sus artículos 55, 56 y 57, y otros artículos del Código Penal.
Hablan de una «operatoria sistemática e ilegal» que involucra el vertido de residuos peligrosos líquidos en pozos sumideros en Neuquén. Y alertan que, si bien estos pozos pueden tener licencias ambientales, la operación no cumple con las regulaciones vigentes en materia de gestión de residuos, incluyendo la falta de declaración de los mismos en el sistema MERE (Manifiesto Electrónico de Residuos Especiales) y la ausencia de certificados de disposición final.
Los residuos peligrosos vertidos incluyen principalmente agua de retorno (flowback) y agua de producción, que se generan en la producción y estimulación hidráulica (fracking). Al tratarse de residuos peligrosos, su gestión debería estar sujeta a un control estricto de registro, tratamiento y certificación. La denuncia calcula que más de 33 millones de metros cúbicos de estos residuos se eliminan de manera irregular en pozos sumideros cada año en la cuenca neuquina.
Riesgos para las principales fuentes de agua potable de la región
Advierten que esta operación representa un «riesgo ambiental y sanitario tangible y actual». Señalan la cercanía de los pozos sumideros a cuerpos de agua como el río Neuquén, los lagos Mari Menuco y Barreales, y zonas de recarga de acuíferos.
Además de la falta de trazabilidad, se denuncia que no se realizan controles de la integridad de los pozos, lo que aumenta el riesgo de que los contaminantes migren hacia acuíferos subterráneos y fuentes de agua superficial. Se menciona que los fluidos inyectados, como el flowback, pueden contener metales pesados, hidrocarburos y material radiactivo natural (NORM), lo que los convierte en residuos de alta peligrosidad.
Solicitan al Ministerio Público Fiscal la inmediata suspensión de las operaciones de inyección en pozos sumideros que no cumplan con la normativa. También piden la implementación urgente de medidas de monitoreo y remediación ambiental, con la participación de peritos independientes y universidades.
La denuncia concluye con que estas prácticas «violan normas sustanciales del ordenamiento jurídico ambiental argentino» y que la situación justifica una investigación urgente para «garantizar el cese del daño, la remediación del pasivo ambiental y la sanción de los responsables».








































