Trabajadoras y usuarias de la Salud Pública de Neuquén convocaron a una olla popular el 13 de agosto frente a Casa de Gobierno, con el objetivo de denunciar el avance de las políticas de ajuste del gobierno nacional y provincial y exigir el cumplimiento de las leyes provinciales que garantizan apoyos económicos a la población más vulnerable.
La convocatoria surge de la organización de trabajadoras de la salud pública junto a la población usuaria, quienes reclaman al Gobierno Provincial la regularización de las prestaciones económicas gestionadas para personas que atraviesan situaciones de salud, violencia de género, vulneración de derechos y problemáticas de salud mental.
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Luciana Bravo, trabajadora social del Centro de Salud Valentina Norte Rural, explicó que la protesta reúne a trabajadores de la salud, de otros organismos y a integrantes de la comunidad en rechazo a las políticas de ajuste en materia social que sostiene el gobierno de Rolando Figueroa desde su asunción. La trabajadora denunció el no pago regular de las prestaciones económicas gestionadas para la población más vulnerable.
Bravo sostuvo que, pese a distintas gestiones formales e informales, la única respuesta recibida fueron circulares enviadas desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, que a su juicio complejizaron el acceso a esas prestaciones mediante requisitos cada vez más difíciles de cumplir. Según indicó, los aportes se aprueban por tres meses y, en algunos casos, no admiten renovación.
La trabajadora social cuestionó además que las prestaciones exijan diagnósticos médicos casi como único requisito de acceso. «Esta situación económica que atraviesa nuestras vidas y que profundiza cada vez más la desigualdad social genera que crezcan de manera exponencial las demandas que llegan a los servicios psicosociales»*, señaló, y agregó que los equipos no cuentan con módulos de alimentos ni tarjetas alimentarias para responder a esas demandas.
Bravo explicó que los informes elaborados por trabajadoras sociales y psicólogas son auditados por un equipo del Ministerio, que tiene la potestad de autorizar o rechazar cada prestación. Remarcó que ese circuito impacta de manera directa en las condiciones de vida de las personas, ya que en muchos casos ese ingreso es el único con el que cuentan. En ese marco, convocó a manifestarse frente a Casa de Gobierno y a reclamarle al gobernador Rolando Figueroa por la situación.
Por su parte, Natalia López, trabajadora social del centro de salud San Lorenzo Norte, sostuvo que el incumplimiento en el pago de los aportes económicos, ya evaluados por equipos técnicos, afecta de manera directa la vida de las personas, entre ellas la alimentación y el sostenimiento de alquileres. «Consideramos una negligencia y un abandono por la población más vulnerable»*, afirmó.
López detalló que las personas que solicitan estos aportes atraviesan situaciones de incertidumbre, con riesgo de desalojo y de quedar en situación de calle, y remarcó que se trata de personas con discapacidad y familias con niñez que no pueden resolver su situación mediante un trabajo formal.
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