El ex técnico bioquímico de la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (PIAP), Aldo Héctor Villavicencio, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra cinco funcionarios nacionales y provinciales, y solicitó una medida cautelar urgente para evitar un accidente ambiental en la instalación nuclear ubicada en Arroyito, Neuquén.
Los denunciados son el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Martín Eduardo Porro; el subsecretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Matías Ramos Nápoli; el presidente del directorio de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), Felipe Randle; el director por la CNEA en ENSI, José Ignacio Bruera Rifoni; y la directora por la Provincia del Neuquén en ENSI, Leticia Inés Estéves.
La denuncia describe que la PIAP —construida con una inversión de más de 1.000 millones de dólares por la CNEA y operada por ENSI (51% Provincia de Neuquén, 49% CNEA)— se encuentra inactiva desde 2017 y sin contrato de mantenimiento vigente desde el 31 de octubre de 2025, cuando la CNEA no renovó el acuerdo que venía ejecutándose desde 2019. Pese a ello, ENSI continúa realizando las tareas de conservación sin cobrar por esos servicios y financiando los costos con recursos de sus propias áreas rentables del sector oil & gas, lo que genera un pasivo creciente.
El denunciante advierte que las unidades de proceso de la PIAP contienen fluidos altamente peligrosos: amoníaco en estado líquido y gaseoso, amiduro de potasio, nitrógeno e hidrógeno con altas proporciones de deuterio. «La falta de mantenimiento adecuado puede derivar, en cualquier momento, en fugas, derrames o explosiones con consecuencias impredecibles sobre el río Limay, los ecosistemas aledaños y la población de la región», advierte la presentación.
La conducta de los funcionarios de CNEA es calificada jurídicamente como incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) y administración fraudulenta (art. 173, inciso 7°), al haber abandonado la conservación de un activo estratégico del Estado nacional sin prever ninguna alternativa operativa. A su vez, los directores de ENSI son denunciados por no haber intimado formalmente a la CNEA ni iniciado reclamo administrativo o judicial alguno para cobrar los servicios prestados desde noviembre de 2025.
La cautelar solicitada exige que la CNEA se haga cargo en un plazo máximo de cinco días de todos los costos de conservación de la PIAP, incluyendo el pago íntegro de salarios del personal de ENSI desde noviembre de 2025, la adquisición de insumos y la realización de tareas de monitoreo y mantenimiento. En caso de incumplimiento, pide que el Estado de la Provincia del Neuquén asuma solidariamente esas obligaciones, con derecho de repetición contra la CNEA.
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