La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la nueva Ley de Glaciares en una jornada que el oficialismo presentó como clave para la gestión de los recursos naturales. En ese marco, los representantes de La Libertad Avanza Neuquén —Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz— acompañaron el proyecto.
Según se expuso durante el debate, la norma mantiene el objetivo de protección ambiental y lo refuerza al priorizar el suministro de agua para consumo humano, agricultura y preservación de la biodiversidad. Además, ratifica que los glaciares son bienes públicos.
Riesco defendió la aplicación del “federalismo ambiental” previsto en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. En esa línea, afirmó que resulta necesario terminar con el “terrorismo ambiental” y pasar de una “lógica de la forma” a una “lógica de la función”, con una base “científico-técnica” para definir la protección hídrica en el territorio.
Riesco también sostuvo que la minería cumple un rol central en la transición energética y en la vida moderna. A la vez, reivindicó la capacidad de los cuerpos técnicos provinciales de Neuquén para fiscalizar el entorno y rechazó las visiones centralistas que, según indicó, ponen en duda la idoneidad de los profesionales locales.
Por su parte, Mondaca señaló que la aprobación de la ley marca un hito en la defensa de los recursos naturales estratégicos y destacó una nueva decisión política del actual Gobierno. En ese sentido, cuestionó etapas anteriores y afirmó: “A los que se opusieron, hay que decirlo sin eufemismos: defendieron un modelo donde unos pocos hacen negocios sin control mientras el resto paga las consecuencias”.
Agregó: “Hablan de desarrollo, pero se niegan a reglas básicas; hablan de producción, pero sin responsabilidad. No es libertad, es privilegio. No es un gesto simbólico, es una decisión concreta. Se acabó la impunidad. Argentina empieza a defender en serio sus recursos”.
Con esta sanción, el bloque oficialista sostuvo que el país puede avanzar en un esquema de desarrollo sustentable sin resignar el cuidado del agua, con criterios basados en la ciencia y la evidencia.
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