La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) emitió un comunicado en el que repudió la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno nacional junto a representantes de provincias mineras, y advirtió que la modificación vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar un ambiente sano y apto para las generaciones presentes y futuras.
«Una vez más queda en evidencia que los intereses de las corporaciones mineras prevalecen por sobre los derechos del ambiente y de los pueblos», expresó la Comisión Directiva de la APDH en el documento. La organización cuestionó el proceso parlamentario: la reforma fue aprobada «entre gallos y medianoche«, burlando una audiencia pública que calificaron de frustrada.
La APDH señaló que el avance de los proyectos megamineros y la extracción de hidrocarburos mediante fracking ya implican una crítica utilización de agua de los ríos, a lo que se suma ahora «la grave autorización para perforar en ambientes periglaciares«. En ese marco, la organización sostuvo que el acceso al agua es «un derecho humano fundamental, sostén de todos los demás derechos».
La entidad reclamó que «ninguna norma puede restringir o lesionar derechos y garantías consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales» y convocó a la Justicia Nacional a dar respuesta a las múltiples denuncias presentadas «en defensa del pueblo».
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