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Política

El Comité contra la Tortura alerta por el colapso del sistema carcelario

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura presentó su informe anual en la Legislatura y alertó que la población carcelaria creció un 13,5% en un año y que el 60% de los detenidos en comisarías son personas ya condenadas.

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El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura presentó este lunes su Informe Anual 2025 en la Legislatura neuquina y advirtió que la población carcelaria de Neuquén creció un 13,5% en un año, mientras el sistema penitenciario no incorporó plazas suficientes para absorber ese aumento. El dato más preocupante del informe es que el 60% de las personas alojadas en comisarías son condenadas, espacios que no están preparados para la detención permanente.

La integrante del organismo Silvia Couyoupetrou  reconoció que hubo avances puntuales: la reforma de una casa para personas con discapacidad en la Unidad 11, la construcción de talleres en la Unidad 12 y la apertura de un nuevo pabellón de 26 plazas. Sin embargo, advirtió que esas mejoras resultan insuficientes frente a la magnitud del crecimiento. «Son 26 plazas contra un 13,5% de aumento de la población carcelaria de un año para el otro», señaló.

Couyoupetrou atribuyó ese crecimiento a un cambio de política criminal vinculado a la defederalización del narcomenudeo. «En todas las provincias que hubo defederalización y persecución del narcomenudeo, la población carcelaria subió, y subió fundamentalmente la población carcelaria de mujeres, cosa que sucedió también en Neuquén», explicó. Como consecuencia directa, el Estado habilitó una comisaría para alojar mujeres ante la falta de unidades de detención específicas para ese sector.

El también integrante del Comité Pablo Scatizza apuntó al uso sistemático de las comisarías como espacios de detención permanente. «Las comisarías son espacios para detener personas de manera temporaria, por pocas horas, no están preparadas para alojar personas de manera permanente», afirmó, y detalló que en muchos casos no tienen baños en condiciones, carecen de ventanas y no permiten implementar servicios de salud, educación ni trabajo. «Eso atenta contra todos los derechos de las personas privadas de libertad», sostuvo.

El informe señala que existe permeabilidad y diálogo con las autoridades, pero que los problemas estructurales persisten. «La población carcelaria sigue aumentando y estructuralmente no se han construido más plazas», sintetizó Couyoupetrou.

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