El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida por implementar el sistema de etiquetado frontal con sellos de advertencia en alimentos y bebidas. La iniciativa forma parte del paquete de proyectos enviados por el Ejecutivo al Parlamento.
En el mensaje firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, el Ejecutivo sostuvo que la experiencia de aplicación de la norma permitió detectar “diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas” que justifican su eliminación.
El Gobierno cuestionó especialmente el esquema de advertencias utilizado y afirmó que “no existe actualmente un modelo único y uniforme a nivel internacional” para el etiquetado frontal, por lo que consideró que el sistema argentino adoptó un modelo rígido que requiere revisión.
Según el proyecto, los parámetros actuales aplican criterios similares a productos con características diferentes, una situación que, según el Ejecutivo, provoca que alimentos incluidos históricamente en hábitos de consumo aceptados reciban advertencias similares a productos con menor calidad nutricional.
En ese sentido, el texto oficial sostiene que el sistema “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos, generando confusión en los consumidores”.
El mensaje también cuestionó el impacto económico de la normativa y advirtió que las PyMEs enfrentan mayores dificultades para adaptarse a los requisitos por los costos asociados al rediseño de envases, cambios de procesos y evaluaciones técnicas. El Gobierno consideró que estas exigencias “pueden incluso incentivar procesos de concentración de mercado”.
Además, el Ejecutivo señaló que la ley generó una superposición regulatoria con los sistemas de información nutricional ya vigentes en el Mercosur, lo que añadió complejidad en materia de implementación y fiscalización.
Pese a la propuesta de derogación, el Gobierno aclaró que mantendrá las obligaciones de informar la composición nutricional de los alimentos dentro del Código Alimentario Argentino, y sostuvo que busca avanzar hacia “un sistema de información nutricional más precisa, contextualizada y técnicamente consistente”.
El proyecto establece en su artículo principal la derogación total de la Ley 27.642 y fija su entrada en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial, en caso de obtener aprobación legislativa.
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