Diputados y diputadas del MPN presentaron un proyecto de ley para que entre el sector público y el sector privado se articulen instancias de urbanización y edificación en terrenos que debe aportar una de las partes.
Para ello, la iniciativa invita a participar a los municipios y crea la figura del “consorcio urbanístico”, la cual permitirá identificar la modalidad colaborativa para ejecutar proyectos inmobiliarios en zonas en las cuales -sin este interés mutuo- sería impensable poder avanzar en desarrollos habitaciones altamente solicitados por la sociedad.
En ese sentido, sostiene en sus fundamentos que la normativa promueve la colaboración eficiente entre los sectores público y privado para satisfacer las necesidades habitacionales y urbanas, y contrarrestar instancias especulativas en la valorización del suelo y atender de manera integral la diversidad y complejidad de la demanda de acceso al suelo urbano.
Al hacer mención a la distribución de las unidades que genera cada consorcio, el proyecto indica que el porcentaje de entrega deberá respetar el valor del lote aportado, el costo de la ejecución de las obras de infraestructura acordadas, entre las que se encuentran la apertura de calles e instalación de servicios básicos.
Dispone también que en ningún caso la participación del ente gubernamental puede encontrarse por debajo del 30% del total de las unidades plasmadas en el proyecto.
De igual modo, la normativa deja taxativamente prohibido poder utilizar esta herramienta para realizar proyectos residenciales cerrados o en los cuales se restrinja el acceso a espacios originalmente públicos a través de la privatización del entorno urbano. Aclara que en aquellos casos en los cuales el terreno lo aporte un privado, se creará un fideicomiso que resguarde la inversión estatal.
