Las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación ubican a Neuquén entre las provincias que más redujeron los delitos contra la propiedad. Los datos muestran una caída muy por encima del promedio nacional tanto en robos como en otros delitos patrimoniales.
Uno de los indicadores más destacados corresponde a los «otros delitos contra la propiedad», que incluyen estafas, defraudaciones, extorsiones, usurpaciones y usura. Esa categoría pasó de 5.818 hechos en 2024 a 3.942 en 2025, lo que representa una disminución interanual del 32,7%. En la misma línea se suma la caída de los robos y tentativas: los hechos bajaron de 10.491 en 2024 a 7.462 en 2025, lo que equivale a un descenso del 29,3%.
La Provincia profundizó en los últimos dos años y medio una política de seguridad basada en inversión, endurecimiento y fortalecimiento de la Policía. La construcción de nuevas comisarías, la ampliación de espacios de detención y los resultados en la lucha provincial contra el microtráfico reflejan esa línea de trabajo. El lema «el que las hace, las paga» comenzó a tomarse en serio en la calle y, bajo una política de tolerancia cero, el gobierno de Rolando Figueroa ratifica en números el cambio de estrategia implementado desde el inicio de la gestión.
El fortalecimiento de la infraestructura policial, la ampliación de la capacidad de detención, la desfederalización del microtráfico de drogas y las reformas legales aprobadas por la Legislatura forman parte de un plan integral que aumentó la presencia del Estado en los barrios y apuntó a la reducción de la reincidencia delictiva.
En materia de obras, avanza la construcción de la nueva Comisaría Cuarta de Alta Barda, que ya supera el 35% de ejecución y demandó una inversión superior a 2.399 millones de pesos. El edificio permitirá la ampliación de la capacidad de alojamiento de detenidos, reemplazará una dependencia con casi cuatro décadas y forma parte del plan provincial de modernización de la infraestructura policial. También se anunció una inversión millonaria para que Plottier cuente con una tercera comisaría en el oeste de la ciudad, en atención a su crecimiento.
Otro de los pilares del plan oficial es la lucha contra el narcomenudeo, una competencia que la Provincia asumió este año tras la desfederalización. En el primer año de aplicación de la nueva legislación se realizaron 246 allanamientos, se secuestraron más de 45 kilos de cannabis, 28 kilos de cocaína, dinero, armas y vehículos. Además, 323 personas fueron detenidas y alrededor de 100 ya recibieron condena. La estrategia comenzó a tener un impacto directo en los barrios.
Figueroa impulsó durante su gestión una batería de reformas respaldadas por la Legislatura. Entre ellas se destacan la incorporación de la reiterancia delictiva como causal de prisión preventiva y la actualización de la Ley Orgánica de la Policía, con nuevas herramientas para investigar el microtráfico que permitieron allanamientos nocturnos y la atención de denuncias anónimas, además de la creación de los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana. En paralelo, el Gobierno avanzó con la ampliación de la infraestructura penitenciaria y de espacios de alojamiento para detenidos.
En distintas oportunidades, el gobernador sostuvo que la seguridad pasó a ser una prioridad de la gestión y defendió la decisión de invertir recursos propios para fortalecer a la Policía, incorporar tecnología, construir nuevas dependencias y coordinar acciones con la Justicia y el Ministerio Público Fiscal. Esa línea de trabajo se complementa con la política de que quien delinque debe cumplir efectivamente las consecuencias de sus actos.
La articulación entre los tres poderes volvió a quedar en evidencia días atrás durante la jornada sobre desafíos del sistema penal frente al microtráfico. Del encuentro participaron la vocal del Tribunal Superior de Justicia, María Soledad Gennari, el ministro Matías Nicolini y representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Allí se ratificó la coordinación institucional para consolidar la política provincial de combate al narcotráfico y al delito.
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