El Observatorio Nacional de MuMaLá «Mujeres, Disidencias, Derechos» presentó un informe que abarca el período de enero a junio de 2025, donde se evidencia cómo los recortes en políticas de género impactan directamente en la vida de mujeres y disidencias.
Este ajuste, lejos de ser una medida administrativa, se traduce en una condena que afecta las condiciones de vida y seguridad de quienes ya enfrentan múltiples desigualdades. Es urgente que se reviertan estas decisiones que perpetúan la violencia estructural y ponen en riesgo la vida de miles de personas.
El último informe sobre Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios y otras muertes violentas en Argentina, que abarca el período del 1 de enero al 30 de junio de 2025, presenta cifras que no dejan de alarmar: se registraron 128 femicidios, lo que equivale a una mujer asesinada cada 34 horas.
Este panorama se agrava por el desfinanciamiento y el desmantelamiento de las políticas de género impulsadas por el gobierno nacional, lo que profundiza las condiciones que perpetúan la violencia machista. Gladys Aballay, referente provincial de Mumalá Neuquén, expresó su preocupación al señalar que solo el 13% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, un porcentaje que ha disminuido en comparación con registros anteriores.
«Las mujeres están perdiendo confianza en el Estado, y esto es responsabilidad del actual gobierno. Los recortes afectan directamente los recursos institucionales necesarios para garantizar el acceso a la justicia», afirmó. De las mujeres que denunciaron, el 57% contaba con una orden de restricción de contacto y el 14% tenía botón antipánico, medidas que, lamentablemente, no fueron suficientes para protegerlas. «Esto evidencia que las herramientas actuales son insuficientes si no se acompañan de una política integral y efectiva», agregó Aballay. El informe también detalla que de los casos registrados, 104 fueron femicidios directos, 9 femicidios vinculados y 1 lesbicidio, reflejando la urgente necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección.
En Argentina, la violencia de género sigue mostrando cifras alarmantes que reflejan una problemática estructural que afecta a las mujeres en todo el país. Según los datos relevados, se registraron 8 femicidios relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado, mientras que 6 mujeres perdieron la vida en lo que se considera suicidios feminicidas. Además, se contabilizaron 505 intentos de femicidio, un número que evidencia la magnitud de la violencia a la que están expuestas las mujeres.
El 71% de los agresores pertenecen al círculo más cercano de las víctimas, lo que subraya la urgencia de abordar esta problemática desde una perspectiva integral que contemple la prevención y protección en los entornos más íntimos. Asimismo, 84 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre como consecuencia de estos crímenes, de los cuales al menos 29 podrían ser beneficiarios de la Ley N°27.452, conocida como Ley Brisa, que establece una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género.
En cuanto a las tasas de femicidios por provincia, los datos indican que Santa Cruz lidera con una tasa de 1,2 por cada 100.000 mujeres, seguida por Tierra del Fuego y Chaco con 1, Catamarca con 0,9 y Río Negro con 0,8. La tasa nacional se sitúa en 0,5 al 30 de junio de 2025, lo que pone en evidencia la necesidad de políticas públicas que aborden esta problemática de manera urgente.
Desde la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), se insiste en la necesidad de declarar la emergencia nacional en violencias de género, un reclamo que se sostiene desde su Observatorio presente en 20 provincias. En palabras de Aballay, representante de la organización, «el ajuste y la eliminación de programas por parte del gobierno nacional para la atención integral de las víctimas es una condena a muerte». Este llamado a la acción busca visibilizar la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger a las mujeres y erradicar la violencia de género en todas sus formas.
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