La fiscalía de Delitos Económicos formuló cargos contra seis integrantes de la cooperativa Viento Sur de Neuquén. Diego Augusto Mauro, Sonia Elizabeth Barrios y Lilian Larroza Velázquez del Frente de Organizaciones en Lucha, como coautores, y Gabriela Suppicich, Ruth Valencia Beksabe Navarrete y Federico Gabriel Sánchez, como partícipes.
Se los acusa de “desviar fondos por más de mil millones de pesos en 2023”. Aseguran que ese monto lo depositó el gobierno de Omar Gutiérrez para capacitaciones pero se utilizó para el pago de sueldos, compra de terrenos y de vehículos.
«Rechazamos la formulación de cargos persecutoria e improvisada de la justicia”, señalaron a través de un comunicado de prensa las organizaciones sociales e informaron que la fiscalía solicitó el plazo de un año para finalizar la investigación. Esto “refleja el carácter persecutorio del proceso, ya que al finalizar el plazo, la fiscalía se habrá tomado dos años para una investigación”, señalaron y aseguraron que “contrasta con lo sucedido en julio del 2024, cuando en un show mediático, Vignaroli salió por todos los medios a señalar que tenían pruebas suficientes contra las organizaciones”.
Foto: Cecilia Maletti
Mariano Pedrero, uno de los abogados defensores señaló:”Queda claro que todo el dinero que recibió la cooperativa Viento Sur fue destinado al pago de personas que estaban en situación de riesgo, se destinó a obras, se destinó a capacitación. No se planteó en ningún momento que hubiese enriquecimiento de algunos de los integrantes de la cooperativa”.
Desde la defensa y las organizaciones sociales consideran que esta formulación de cargos fue un contragolpe “con un cúmulo de generalidades, tergiversaciones y manipulaciones” y anunciaron que impulsarán una gran campaña en la comunidad sobre los fines persecutorios “contra aquellos que cotidianamente luchan contra el hambre y por el trabajo genuino”.
Autor
