La discusión sobre la derogación de la ley Nacional 26737 dejó de ser un debate estrictamente jurídico para transformarse en una disputa sobre el modelo de país. Quienes rechazan el proyecto enviado al Congreso por el gobierno de Javier Milei, sostienen que detrás de la eliminación de los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros no sólo está en juego el régimen de propiedad, sino también el control sobre recursos naturales estratégicos, las zonas de frontera, el arraigo de las comunidades rurales y la capacidad del Estado para ordenar el territorio.
Ese diagnóstico fue central para una iniciativa de alcance nacional que, específicamente en Neuquén, reúne a más de 50 organizaciones sindicales, sociales, campesinas, religiosas, académicas y políticas, las cuales conformaron un espacio de rechazo al proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo nacional. Pero más allá de esa articulación inédita, distintas opiniones recogidas originalmente para el portal Va con Firma por entre referentes neuquinos de ese espacio, muestran que el debate excede ampliamente la discusión parlamentaria.
Leonardo Jakus, integrante de la Coalición Federal en Defensa de las Tierras; la ex senadora nacional Nanci Parrilli; y Santiago Arizio, dirigente del Frente Patria Grande, coinciden en un punto central: sostienen que la reforma altera el concepto mismo de territorio y modifica el rol que hasta ahora tenía el Estado como regulador del acceso y la administración de la tierra.
Mucho más que una ley sobre la propiedad
La vigente ley 26737, sancionada en 2011 por impulso de la entonces presidenta Cristina Kirchner, fijó límites a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Entre otras restricciones, estableció un tope del 15% para la titularidad extranjera sobre la superficie rural del país y además, en el caso de áreas consideradas estratégicas, directamente prohibió que sean adquiridas por propietarios del exterior.
La modificación legal impulsada por el actual gobierno nacional está contenida en el proyecto de ley enviado al Congreso con el nombre de “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”. El texto, que ya tiene dictamen favorable de comisión en el Senado, dispone la eliminación de buena parte de esas restricciones.
Para quienes se oponen desde el espacio formado en Neuquén -similar al constituido en otras provincias-, la discusión no pasa únicamente por el porcentaje permitido respecto del total de la superficie territorial argentina, sino por el cambio de criterio que introduce la iniciativa.
«La tierra no es una mercancía. La tierra es territorio, es agua, es alimento, es producción, es arraigo», resumió Arizio al explicar por qué distintas organizaciones campesinas decidieron involucrarse en el debate.
El integrante de la Coalición Federal en Defensa de las Tierras, Leonardo Jakus, coincide en que el proyecto debe analizarse desde una perspectiva más amplia. «Las inversiones que quieran apropiarse del territorio argentino no van a ir a los barrios populares del conurbano bonaerense, por ejemplo. Van a ir donde están las riquezas naturales», afirmó. A su entender, la modificación de la ley cambia las reglas sobre quién puede acceder a grandes extensiones ubicadas en zonas de alto valor estratégico.
Nanci Parrilli también cuestionó el argumento del oficialismo según el cual la reforma busca garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada. Sostuvo que «la ley vigente permite hasta un 15% de tierras rurales en manos extranjeras y actualmente ese porcentaje ronda el 5,6%. No había una necesidad objetiva de eliminarla», enfatizó la ex legisladora nacional y provincial por el peronismo, quien actualmente preside el espacio Casa Patria Neuquén.
El agua, las fronteras y los recursos estratégicos
Aunque el debate público suele centrarse en la propiedad de la tierra, los tres referentes consultados para esta nota ponen el foco sobre otro aspecto fundamental: el control de los recursos naturales.
«En realidad van por el agua», advirtió Parrilli, quien además remarcó uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones, que es la eliminación de restricciones vinculadas con tierras ribereñas y zonas de frontera, espacios considerados estratégicos tanto desde el punto de vista ambiental como geopolítico.
Jakus compartió esa mirada y destacó que el problema excede la cuestión inmobiliaria. A su criterio, la reforma que pretende el gobierno de Milei altera el ordenamiento territorial previsto en la legislación ambiental, y debilita herramientas que permiten al Estado intervenir sobre espacios de interés estratégico.
«La discusión es geopolítica», indicó, para luego agregar que “tiene que ver con la autonomía nacional en relación con su territorio”.
Arizio, por su parte, explicó en otros términos una preocupación similar. «Defender la tierra hoy es defender la soberanía», dijo. Y agregó que la propiedad privada «no puede convertirse en una herramienta para extranjerizar la tierra, expulsar comunidades y entregar bienes estratégicos” para la Nación.
El impacto sobre Neuquén
Si la discusión adquiere una dimensión particular en Neuquén, es porque gran parte del territorio provincial combina tierras fiscales, comunidades mapuches, productores crianceros, zonas de frontera y algunos de los principales recursos energéticos del país.
Jakus advirtió que la eventual reforma podría afectar especialmente a cientos de familias que ocupan tierras fiscales desde hace décadas, pero cuya situación dominial aún no fue regularizada.
«En la provincia hay alrededor de 1.400 familias campesinas que podrían quedar en una situación de mayor vulnerabilidad», subrayo. Explicó que muchas de ellas poseen derechos derivados de décadas de ocupación efectiva, aunque no cuentan con títulos definitivos de propiedad.
Ese diagnóstico coincide con el planteo de Arizio, quien cuestionó la falta de políticas sostenidas para regularizar la situación de los pobladores rurales del norte provincial.
«No vemos una política de Estado que fortalezca el arraigo», afirmó, y señaló asimismo que el proceso de migración hacia el área de Vaca Muerta y la región de la Confluencia está provocando el despoblamiento progresivo del interior provincial.
«Se viene dando un genocidio por goteo. Las familias se van del campo, las tierras terminan concentrándose en grandes capitales y después pasan a manos de empresas extranjeras», manifestó.
Para el dirigente político, que forma parte del espacio liderado por el diputado nacional Juan Grabois, ese proceso también amenaza actividades históricas como la trashumancia, una práctica productiva y cultural característica del norte neuquino.
«Si no hay políticas públicas para sostener el arraigo, la cultura trashumante también corre riesgo», señaló.
Conflictos que ya existen
Quienes impulsan en Neuquén el rechazo al proyecto del Ejecutivo nacional, sostienen que los conflictos por el acceso y control del territorio no constituyen una hipótesis futura, sino una realidad que ya atraviesa distintos puntos de la provincia.
Jakus recordó antecedentes vinculados con restricciones al acceso a lagos, disputas entre estancias privadas y comunidades rurales, y conflictos sobre tierras fiscales. También mencionó casos de corrimiento de alambrados y de ocupación de espacios públicos que, según afirmó, rara vez alcanzaron repercusión nacional.
«Tenemos más de 50 casos similares al de Joe Lewis en la provincia, aunque muchos nunca alcanzaron la visibilidad pública», afirmó. A su juicio, una flexibilización de la legislación podría profundizar esos conflictos porque «les otorga todas las facultades a los titulares dominiales y no reconoce los derechos derivados de la ocupación», una situación que, a su entender, dejaría en mayor vulnerabilidad a familias campesinas y comunidades que todavía no lograron regularizar la tenencia de las tierras que habitan desde hace décadas.
El rol del Estado
Los tres entrevistados convergieron en la necesidad de una misma discusión: cuál debía ser el papel del Estado en la administración del territorio y de los recursos estratégicos.
Para Jakus, el proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional no modifica solamente el régimen de propiedad de la tierra, sino que altera la función estatal como garante del ordenamiento territorial. «El debate de fondo es qué Argentina queremos y qué rol cumple el Estado. El proyecto corre al Estado como árbitro», afirmó.
Al explicar por qué considera que esa discusión tenía consecuencias concretas en Neuquén, vinculó el debate con las demoras en la regularización de numerosas ocupaciones rurales. «La dirección provincial de Tierras no tiene la cantidad de recursos necesarios para hacer los relevamientos. No tiene vehículos, falta personal y quedó un montón de gente por resolver su situación de tierras», aseguró.
Según sostuvo, esa situación se volvería todavía más delicada si prospera la reforma. «Les otorga todas las facultades a los titulares dominiales y no reconoce los derechos derivados de la ocupación», afirmó Jakus.
Agregó que esa modificación fortalecería la posición de quienes ya poseen títulos de propiedad y debilitaría los derechos de familias campesinas que mantienen una ocupación histórica, pero aún no cuentan con la titularidad definitiva.
Parrilli coincidió en que el debate excede al derecho de propiedad y remite a la capacidad del Estado para proteger recursos estratégicos. «Lo que queda afuera son los intereses soberanos del país y también los derechos de todos los argentinos y las argentinas. No hay ninguna limitación: puede venir cualquier grupo de personas, comprar todas las tierras que quieran, que contengan agua o que estén en zona de frontera, lo cual significa un peligro muy grande para nuestra soberanía», sostuvo la ex senadora nacional.
Desde otra perspectiva, Arizio incorporó una dimensión vinculada con la planificación del desarrollo rural. Recordó que años atrás funcionaban espacios de trabajo entre organismos públicos y organizaciones campesinas para discutir políticas territoriales. «Teníamos una Mesa de Tierras y una Mesa de Desarrollo donde podíamos planificar las intervenciones en el territorio y también el desarrollo de ese territorio. Hoy todo eso está desarticulado y la dirección de Tierras no ha avanzado en la regularización», apuntó.
A su entender, la falta de esas políticas también se refleja en el despoblamiento progresivo del interior provincial. «No vemos una política de Estado que fortalezca el arraigo», sostuvo. Y agregó: «Vaca Muerta está impulsando la migración de varias familias hacia la Confluencia. En el interior cada vez hay menos familias».
El dirigente advirtió que ese proceso no sólo afectaba a las familias rurales, sino también a prácticas históricas de la provincia. «Si no hay políticas públicas para sostener el arraigo, la cultura trashumante también corre riesgo», señaló Arizio.
Una resistencia que busca crecer
La conformación de una coalición integrada por organizaciones campesinas, sindicales, religiosas, académicas, políticas y de derechos humanos fue uno de los hechos políticos más significativos surgidos en la provincia respecto del proyecto de ley en el orden nacional.
Además de las acciones impulsadas en el ámbito neuquino específicamente, el espacio articuló con organizaciones de distintas provincias para intentar frenar la iniciativa durante su tratamiento parlamentario. Parrilli explicó en ese sentido que “estamos formando parte de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, integrada por organizaciones de todo el país. Estamos haciendo un trabajo de esclarecimiento y sumando adhesiones».
También precisó que uno de los principales objetivos consistía en persuadir a los representantes neuquinos en el Senado nacional. «Lo que estamos pidiendo es que los senadores y las senadoras de Neuquén no voten este proyecto», reclamó la ex legisladora.
Jakus señaló a su vez que la estrategia también buscaba ampliar los rechazos institucionales. «Estamos utilizando todas las herramientas de la democracia para generar rechazos institucionales y sociales», sostuvo. En ese marco, distintas organizaciones impulsaron declaraciones en municipios, presentaciones judiciales y reuniones con legisladores nacionales para advertir sobre las consecuencias que, según plantearon, tendría la derogación de la ley vigente desde 2011.
Para quienes integran desde Neuquén el espacio contrario a la extranjerización de la tierra, la discusión trasciende a una norma específica. Lo que está en debate, consideran, no es solamente quién podría comprar tierras rurales, sino qué papel debe asumir el Estado en la administración del territorio, la protección de los recursos estratégicos, y la permanencia de las comunidades que históricamente habitan esas regiones.
Publicada originalmente para Va con Firma
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