«De capital de los derechos humanos a la alarmante situación en las cárceles y comisarías de Neuquén«, alertaron desde la Asociación de Pensamiento Penal. Esto ocurre a pesar de que hace 14 meses la provincia dictó, mediante la Ley 3426, la declaración de una emergencia carcelaria debido a la grave y preocupante situación local que ya había sido constatada, descrita y denunciada tanto por organismos oficiales como por organizaciones de la sociedad civil.
«Si bien generó expectativa el dictado de un instrumento que permitiera iniciar un proceso de saneamiento y reestructuración de las políticas penitenciarias, aún no se refleja en la vida cotidiana de los detenidos en la provincia ninguna de las mejoras planteadas», explicaron desde la asociación en un comunicado, donde detallaron algunos de los problemas más urgentes.
En primer lugar, señalaron el problema edilicio que afecta a las cárceles debido a la falta de plazas suficientes y adecuadas. «Es un tema a todas luces muy importante, ya que la situación de hacinamiento tanto en unidades penitenciarias como en comisarías ha puesto en crisis a todo el sistema penitenciario, haciendo imposible el cumplimiento de sus fines legales y convencionales», afirmaron.
«Ninguna resocialización es posible en condiciones de vida inhumanas y degradantes»
La situación de emergencia no se limita a problemas coyunturales, sino que se trata de cuestiones estructurales del sistema de ejecución de la pena. «No logra cumplir los mínimos estándares de capacidad de alojamiento y condiciones de detención, lo que genera situaciones de violencia tanto entre la población carcelaria como por parte de funcionarios públicos, provocando en lo que va del año dos muertes violentas y un episodio de herida grave», alertaron.
En este sentido, indicaron que, junto a las condiciones inhumanas de los lugares de aislamiento, se encuentra la «carencia de equipos para prevenir incendios y la falta de colchones ignífugos». Además, denunciaron «la no separación de personas de acuerdo con categorías, la inexistencia de progresividad intramuros y de criterios de clasificación para el alojamiento de detenidos, considerando el perfil, el quantum punitivo o el desempeño en la ejecución de la condena».
La organización consideró que «la declaración de emergencia debe ser una oportunidad para encontrar claves que permitan mejorar el sistema hacia una coherencia entre política criminal y política penitenciaria. El problema central no se limita a las carencias edilicias. La solución global no es construir más celdas».
Según la Asociación de Pensamiento Penal, esta problemática tiene en el fondo una dimensión social sistémica y requiere políticas coordinadas, preventivas y transformadoras adecuadas a nuestra realidad. Proponen colaborar aportando para sumarse a este proceso de implementación de medidas, ofreciendo expertos y escuchando los diversos enfoques y experiencias de los operadores institucionales y la sociedad civil en un diálogo fértil.
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