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Política

Investigan presunta defraudación que involucra a la vicegobernadora y su hermano

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén investiga a Pablo Ruiz, coordinador del complejo cultural Casa de las Leyes, por supuesta malversación de fondos públicos que ascienden a 30 millones de pesos.

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El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén lleva adelante una investigación por presunta defraudación y peculado que involucra a Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora Gloria Ruiz y coordinador del complejo cultural Casa de las Leyes. La denuncia, presentada inicialmente por el Banco Provincia de Neuquén (BPN), detalla movimientos sospechosos en las cuentas de Ruiz que no estarían justificados y que superarían los 29 millones de pesos.

El caso se inició tras una publicación periodística que señalaba contrataciones irregulares en la planta política de la Legislatura. Aunque este tipo de designaciones no constituyen delito, las irregularidades detectadas en las cuentas bancarias de Ruiz llevaron al MPF a actuar de oficio. Según el BPN, entre diciembre y agosto, Ruiz recibió transferencias de fondos públicos que utilizó para realizar extracciones en efectivo por 20 millones de pesos y constituir plazos fijos que actualmente suman 51 millones.

El coordinador argumentó que los montos correspondían a viáticos y programas, pero no presentó documentación que respalde dichas afirmaciones. La Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del BPN había advertido sobre estas transacciones, tras lo cual se suspendieron las transferencias desde la Legislatura en agosto.

Procedimientos en la Legislatura y el domicilio de Ruiz

El MPF, con autorización del juez de garantías Juan Manuel Kees, realizó allanamientos en la Legislatura, la Casa de las Leyes y la vivienda particular de Ruiz en Plottier. Los operativos, encabezados por los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, buscaron secuestrar documentación como facturas, remitos, recibos y rendiciones de gastos, además de dispositivos electrónicos que puedan aportar pruebas.

Según la fiscalía, los fondos recibidos por Ruiz fueron utilizados para generar rédito financiero a través de plazos fijos, configurando un posible caso de peculado según el artículo 261 del Código Penal, que prevé penas para quienes sustraigan fondos públicos en el ejercicio de su cargo.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer el origen y uso de los fondos, y determinar si hubo sustracción de caudales públicos que beneficiaron económicamente a Ruiz.

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