La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci expuso en la Legislatura de Neuquén ante la subcomisión interpoderes de Familia la necesidad de “aunar criterios” en lo que respecta a puntos claves para avanzar en un plexo normativo que defina el proceso judicial en materia de Familia.
La especialista sumó al debate la necesidad de alcanzar acuerdos sobre cuestiones tendientes a definir instancias de judicialización o de desjudicialización. Por caso, indicó que es preciso establecer en el futuro Código si en determinados casos que involucran a menores de edad el rol de la Justicia abarca la toma de medidas durante el proceso o su intervención se acota a instancias de control sobre el poder Ejecutivo, como dispone la ley 26061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Además de pedir “precisiones políticas” sobre las limitantes que cada poder del Estado tendrá asignado en el proceso, Kemelmajer sostuvo que también se deben disponer criterios claves sobre la capacidad de intervención de los juzgados de paz en aquellas localidades alejadas que que no cuentan con un juez especializado en Familia.
De igual modo, la jurista puso énfasis en la necesidad de acordar criterios en lo que respecta a las instancias prejudiciales al advertir que en la actualidad esta instancia todavía deriva de la decisión de un juez, lo que entra en contraposición con los avances que se pretenden implementar dentro del proceso civil y comercial. “Debemos definir si mediación sí o mediación no, porque la instancia de conciliación se encuentra a cargo de un juez”, ejemplificó.
Además, Kemelmajer se pronunció nuevamente a favor de la oralidad y la inmediatez como principios rectores del proceso, por lo que pidió redoblar esfuerzos para que efectivamente se apliquen en distintas instancias del proceso.
En otro tramo, se refirió a la violencia como la causa del 40% de los trámites que llegan a los tribunales de Familia, por lo que consideró pertinente fortalecer la actual Oficina de Violencia y asegurar que no exista conflicto de competencias entre jueces. En esa línea, se inclinó a favor de pensar en tribunales especializados.
La jurista también se refirió a la creación de la figura del abogado del niño, a un comité de ética y, en cuanto a la prueba pericial, no descartó que los informes puedan ser realizados por profesionales que no dependan del Poder Judicial si es que en la actualidad el recurso es insuficiente.
“No podemos avanzar si no nos ponemos de acuerdo en estos temas básicos” concluyó Kemelmajer, tras cuya intervención la comisión intercambió opiniones sobre sus consideraciones.
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