La Confederación Mapuche de Neuquén difundió un comunicado en el que celebró el retiro del capítulo de la Ley de Tierras Rurales y del capítulo de la Ley de Manejo del Fuego del proyecto que impulsa el Gobierno nacional, al que calificó como «una derrota» para la gestión de Javier Milei. Sin embargo, la organización advirtió que lo que quedó de la ley «es igual de nocivo para la mayoría de la sociedad y especialmente para los pueblos originarios».
La Confederación detalló tres puntos que, a su entender, siguen siendo perjudiciales. En primer lugar, señaló que la modificación a la ley de expropiaciones dificulta uno de los mecanismos que consideran una posible solución de fondo frente al despilfarro de tierra pública generado por los remates que, desde la Conquista del Desierto, vendieron tierras con comunidades indígenas dentro. La organización sostuvo que dificultar la expropiación «al punto de querer asegurar la usura de los terratenientes» complica la resolución de los conflictos territoriales.
En segundo lugar, el comunicado cuestionó los desalojos exprés en jurisdicción federal y advirtió que esa herramienta amenaza a inquilinos y a fábricas recuperadas, pero que pone en riesgo especialmente al campesinado y a los pueblos originarios. La entidad mencionó los casos de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, en Misiones, y la comunidad Diaguita Calchaquí Las Pailas, en Salta, y sostuvo que ni sentencias ilegales ni desalojos violentos lograrán desplazar a las comunidades de sus territorios.
En tercer lugar, la Confederación criticó la creación de un nuevo Registro de Propiedad Inmueble, que -según señaló- no menciona a los pueblos originarios ni al campesinado, ni establece cómo se garantizará la inscripción de la propiedad comunitaria indígena. La organización concluyó que se trata de «una ley realizada a la medida de la Sociedad Rural, las grandes corporaciones y las empresas» dedicadas a la venta de tierras a capitales extranjeros.
El comunicado calificó el esquema de negocios del Gobierno como «profundamente extractivista» y sostuvo que necesita de la tierra y el agua, además de que cada territorio sea vaciado de población. La Confederación Mapuche hizo referencia a los discursos de la senadora Nadia Márquez y de Patricia Bullrich durante la sesión del Senado, y sostuvo que esas intervenciones despejan cualquier duda sobre las intenciones del Gobierno hacia el Pueblo Mapuche, los pueblos originarios y la población rural.
Ante esta situación, la organización planteó como respuesta suspender cualquier tipo de entrega de títulos de tierras y concesiones hasta garantizar la posesión y la propiedad comunitaria indígena, y reclamó la creación de una ley que ordene un mecanismo claro de demarcación, registro y protección de los territorios, a la que definió como «una de las grandes deudas que tiene la democracia».
Finalmente, la Confederación Mapuche convocó a continuar la movilización de los sectores afectados para impedir la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados y llamó a seguir organizándose «en amplia unidad», respetando la diversidad existente en el país.
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