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La Cooperativa 127 Hectáreas renovó autoridades y exige destrabar la entrega de 84 casas terminadas

Las nuevas autoridades presentaron este lunes la documentación ante Personalidad Jurídica de la Provincia. Gustavo Aguirre denunció que un proceso legal paralizó por más de un año la entrega de viviendas sin resolver ninguna cuestión de fondo.

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La Cooperativa 127 Hectáreas presentó este lunes ante la Dirección de Personalidad Jurídica de la Provincia la documentación surgida de la asamblea del pasado viernes 3, en la que se aprobaron memoria y balance y se incorporaron nuevas autoridades a la comisión directiva. Jorge Salas fue ratificado como presidente sin oposición y continúa al frente de la conducción.

«La nueva comisión directiva presentó la documentación del proceso administrativo electoral para el reconocimiento oficial, a partir del cual hay que hacer una serie de trámites y seguir las gestiones para la entrega de las 84 viviendas terminadas, las 120 que están preparadas y el resto de los terrenos», explicó Gustavo Aguirre, referente de la cooperativa.

Aguirre denunció que un proceso legal paralizó por más de un año la entrega de las viviendas cuando «faltaba muy poco para entregar». «No ha hecho más que dificultar los tiempos y no ha resuelto ninguna cuestión de fondo. Una serie de comentarios y acusaciones públicas que jamás han sido demostradas», afirmó, y remarcó que «hasta la fecha no hay nada que sea ilegal en todo ese proceso». El referente cuestionó que una organización democrática que realiza asambleas anuales y elige comisión directiva sea paralizada por denuncias sin sustento jurídico: «Muy mediática, pero poco jurídica».

 

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Por su parte, Edgardo Cherbavaz señaló que los integrantes de la cooperativa realizaron gestiones como autoconvocados ante las autoridades provinciales y que existen propuestas para resolver la situación habitacional de los asociados. En ese marco, reclamaron una convocatoria urgente por parte del gobierno y aguardan una resolución a través de la ministra Tanya Bertoldi, la secretaria Ana Servidio y el ministro Tobares , quienes intervienen en la búsqueda de una solución.

«No puede ser que se pare el funcionamiento y la posibilidad de resolver el tema de vivienda de un montón de gente porque alguien ejerce el derecho de denunciar. Que las causas legales sigan por la vía que tengan que seguir, pero que el funcionamiento de la organización no sea paralizado», concluyó Cherbavaz.

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