La Red Intersectorial en defensa de la Ley de Salud Mental y Adicciones volvió a pronunciarse en contra del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental que el gobierno nacional enviará próximamente al Congreso. La organización sostuvo que la norma vigente «no requiere reformas, sino su plena implementación» y recordó que una iniciativa similar fue incluida en la Ley Bases pero no llegó a tratarse gracias a la movilización de distintos sectores de la comunidad.
El argumento central de la Red apunta al financiamiento: la ley establece que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental, pero según datos actuales el Estado solo destina el 1,4%. «El gobierno nacional y los gobiernos provinciales están muy lejos de cumplir con lo que la ley plantea», denunciaron.
La organización rechazó el argumento oficial de que con la ley vigente «no se puede internar». «Eso es una falacia. La ley actual no prohíbe las internaciones, las regula y las considera como el último recurso terapéutico», aclararon. Señalaron además que el gobierno nacional desmantela y vacía instituciones públicas como el SEDRONAR y el Hospital Bonaparte, mientras argumenta que la norma impide actuar.
La Red reclamó la ampliación de los sistemas de atención con todos los dispositivos necesarios: internación, atención ambulatoria, urgencias, espacios grupales y abordajes comunitarios. «Los abordajes comunitarios tienen mayores efectos terapéuticos que considerar el encierro como alternativa terapéutica», subrayaron.
La organización advirtió que el proyecto de reforma «patologiza, estigmatiza y encierra» y convocó a debatir sus consecuencias en cada lugar de trabajo y de estudio, en hospitales y centros de salud, junto a usuarios y familiares. «La Ley de Salud Mental la conquistamos con años de debates y de lucha contra el encierro y la violencia institucional. No podemos permitir que avance esta reforma», concluyeron.
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