Los candidatos de La Neuquinidad anunciaron que su primer proyecto legislativo será la presentación de la Ley de Ficha Limpia en el Congreso de la Nación. La iniciativa busca impedir que personas con condenas judiciales puedan ser candidatas a cargos electivos o acceder a funciones públicas y partidarias en todo el país.
El proyecto será impulsado por los candidatos a senadores Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, junto a los postulantes a diputados nacionales Karina Maureira y Joaquín Perrén. Según expresaron, la propuesta constituye una “herramienta indispensable para la salud de las instituciones democráticas y la lucha contra la corrupción”.
De aprobarse, la norma alcanzará a los condenados por delitos comunes, narcotráfico y Régimen Penal Tributario, una vez confirmada la sentencia en segunda instancia o consentida por no apelación. También a los imputados con prisión preventiva, a los inhabilitados por juicio político, y a los deudores fiscales condenados al pago, hasta que cumplan con sus obligaciones.
La inhabilitación se extenderá mientras dure la condena y cesará en caso de revocación de la sentencia, salvo en el caso de prisión preventiva, donde la restricción cesará al recuperar la libertad.
Los candidatos remarcaron que el proyecto busca “elevar los estándares de integridad, transparencia y ética que la ciudadanía exige de sus representantes” y que la legislación neuquina “constituye un precedente valioso y un punto de referencia para promover, en el orden nacional, criterios homogéneos que refuercen la confianza ciudadana en las instituciones”.
La iniciativa provincial de Ficha Limpia, sancionada en marzo último en la Legislatura de Neuquén, fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y el diputado del PRO Marcelo Bermúdez, integrante de la coalición. A nivel nacional, proyectos similares habían fracasado por falta de consenso político.
Desde La Neuquinidad sostienen que ahora “se impone la necesidad de erradicar los efectos nefastos que produce la corrupción, consagrando supuestos de inhabilitación que resguarden no sólo el erario público sino también la confianza en la democracia”.
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