Con modificaciones introducidas por la ministra Soledad Martínez y los bloques oficialistas, la comisión de Asuntos Laborales y Trabajo de la Legislatura de Neuquén votó, por mayoría, un despacho favorable al “Plan de Protección Integral de Trabajadores de la Educación”, el proyecto de ley que presentó Marcelo Guagliardo y la conducción de ATEN Provincial para “prevenir y sancionar la violencia contra trabajadores y trabajadoras del sistema educativo provincial”.
El proyecto prevé protocolos de intervención, asistencia al personal docente agredido y la posibilidad de establecer desde trabajo comunitario hasta sanciones monetarias para el agresor, las cuales se determinarán según la virulencia y el tipo de agresión efectuada.
De igual modo, la iniciativa también fija pautas para que los padres puedan ser considerados responsables indirectos en aquellos casos en los cuales la conducta violenta la ejerza su hijo menor de edad.
Se prevé para estos casos que tanto el padre como la madre participen junto a su hijo de instancias de mediación o concurran a intervenciones especificadas por equipos interdisciplinarios dedicados a abordar situaciones de violencia en el ámbito escolar.
Francisco Lepore del bloque Avanzar aseguró que la sanción de la normativa significa poder enviarle a la ciudadanía de Neuquén y a la comunidad educativa un “mensaje claro de que ya no se puede tolerar la violencia hacia los docentes”.
“Es fundamental. Las leyes son un mensaje concreto y, en este caso, la voluntad es poder advertir que no se pueden agredir más a los maestros”, sostuvo el legislador al recordar que en el último mes se verificaron hechos de violencia, “algunos muy graves”, en diferentes puntos de la provincia.
Durante la discusión, legisladores y legisladoras hicieron mención a la necesidad de circunscribir los alcances del tipo de violencia pasible de sanción y hubo opiniones encontradas respecto a la posibilidad de hacer extensivo el marco sancionatorio también al cuerpo docente y no docente.
También se debatió la modalidad bajo la cual se deben comprender las amenazas, comentarios violentos y videos difamatorios que pueden ser subidos a redes sociales y, por recomendación del Ministerio de Educación, se dejó sin efecto un apartado que permitía al personal docente gozar de una licencia con goce de haberes sin el consecuente respaldo de la ART.
Respecto a las amenazas o publicación de imágenes difamatorias en redes sociales, la legisladora Gisselle Stillger del bloque Arriba Neuquén se refirió a la dificultad de poder abordar situaciones como insultos o reclamos que circulan y se reproducen en plataformas digitales, y que no se encuentran contempladas en el Código Penal. Sobre este punto, Lepore acordó poder enmarcar estos casos dentro de los previstos como “agresión de tipo verbal”.
A su turno, Verónica Lichter, del PRO-Nuevo Compromiso Neuquino, pidió ampliar a toda la comunidad educativa el régimen sancionatorio que prevé la norma. La legisladora evidenció que “la escuela se convirtió hoy en la escenografía de una violencia social. Hay que proteger no sólo a los trabajadores, sino también a todos los que se encuentran dentro del establecimiento. A los chicos también. Hay que preservar también a la comunidad educativa y al sistema educativo”.
Lepore admitió la necesidad de tener una mirada integradora, no obstante recordó que la intención del proyecto presentado por ATEN es poder preservar y resguardar al cuerpo docente ante el evidente crecimiento en las agresiones físicas que padecen los maestros y maestras dentro del ámbito educativo.
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En tanto, desde el bloque Cumplir, la legisladora Brenda Buchiniz se expresó en contra del proyecto y recordó que existe legislación vigente tanto a nivel nacional como provincial que dispone medidas de intervención similares para abordar y prevenir situaciones de violencia contra docentes.
“Hay mucha legislación sobre el tema. En la ley 2635 de 2008 se crea un programa de prevención de situaciones de violencia en las instituciones educativas y en 2014 se sanciona la ley 2901 que mejora la normativa. Está la ley nacional 26.892 del año 2013 que crea una línea gratuita que se llama ‘convivencia escolar’, me comuniqué y funciona de lunes a viernes de 8 a 16 horas. El proyecto de ATEN es tal cual lo que ya está escrito en estas tres normas”, acotó la diputada.
A su turno, Damián Canuto, del PRO-Nuevo Compromiso Neuquino, se pronunció a favor de mantener en el articulado el término “agresión” al momento de definir la conducta violenta. “Se debe intentar prevenir o sancionar una agresión. Lo que se pretende es evitar que el docente sea objeto de una ‘agresión’ física, directa, que también puede ser del orden psicológico”, definió el legislador.
También respaldó la decisión de la comisión de eliminar el artículo 6 del texto original al indicar que no se debe contemplar una segunda instancia de intervención en caso de no aplicarse la licencia laboral que debe avalar la ART. Sobre el tema observó que las autoridades escolares deben denunciar cualquier hecho de violencia a la ART y consideró impracticable incorporar un régimen distinto.
¿Qué dijo el Ministerio de Educación?
Cabe destacar que el cuerpo recibió del Ministerio de Educación un informe en apoyo a la implementación de medidas para erradicar la violencia contra el cuerpo docente. En ese sentido, el documento destaca la importancia de generar entornos laborales libres de violencia. No obstante, sí objeta la falta de previsión presupuestaria que atender demandas derivadas de la asistencia gratuita de medidas de seguridad que requiere la iniciativa.
De igual modo, el texto advierte que en materia disciplinaria, el tipo de sanciones que impone la normativa resultan “complejas de aplicar” en caso de que la agresión sea de tipo psicológica o simbólica. También indica que deben determinarse con mayor precisión las medidas destinadas a prevenir situaciones de violencia dentro del ámbito escolar.
A la vez, el informe hace mención a las prestaciones médicas y de asistencia los trabajadores de la educación que ya se prevén tanto la legislación vigente como las disposiciones previstas en el Sistema de Riesgos de Trabajo para abordar situaciones por accidentes laborales y enfermedades profesionales, con las consecuentes etapas de rehabilitación que requiera el tratamiento del trabajador afectado.
Así lo entiende al sostener que el artículo 6 puede entrar en contradicción con la legislación vigente al permitir que un trabajador pueda solicitar una licencia con goce de haberes a pesar de que la propia ART haya rechazado o se niegue a brindar la asistencia correspondiente.
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