Durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que obtuvo media sanción, la senadora Nadia Márquez dejó en claro la postura del oficialismo y destacó la necesidad de alinear la legislación con las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.
Márquez señaló que la ley implica «devolverle la tranquilidad a los argentinos que trabajan e invierten» y afirmó que «se terminaron las expropiaciones ideológicas promovidas por gobernadores que creen que pueden disponer de los bienes ajenos a su antojo». La legisladora agregó que, con juicios sumarísimos para los desalojos, el oficialismo envía un mensaje claro: «en la Argentina que conduce el presidente Milei, el derecho de propiedad no se negocia».
En su intervención, la senadora cuestionó las posturas de gobernadores opositores y apuntó con dureza contra el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela. Márquez recordó declaraciones públicas del mandatario riojano, quien había afirmado que, bajo un eventual gobierno del peronismo, «lo que sea necesario nacionalizar se va a nacionalizar y lo que sea necesario expropiar se va a expropiar», y calificó esas posturas de «delirantes y desorbitadas».
La legisladora explicó que los procesos de expropiación en Neuquén significaron un costo muy alto para el erario público. Para graficarlo, citó el caso de la fábrica ex-Zanón (Fasinpat). Márquez remarcó que las estatizaciones bajo «control obrero» terminaron requiriendo millonarios créditos estatales no reembolsables financiados por los contribuyentes, y sostuvo que esa situación generó abultadas deudas con las empresas de servicios públicos sin lograr rentabilidad ni garantizar el sostenimiento de los sueldos.
En cuanto a los desalojos, la senadora sostuvo que los propietarios afectados por usurpaciones padecen trabas burocráticas y dilataciones judiciales injustificadas durante años. Márquez mencionó el caso de María Boers, en Villa La Angostura, quien -según explicó- sufrió la usurpación de 600 hectáreas en 2011 por parte de grupos autodenominados mapuches y lleva más de 15 años sin poder recuperar su terreno, pese a contar con una orden judicial firme.
Asimismo, la legisladora argumentó que las demoras judiciales para resolver usurpaciones llegaron a paralizar obras de infraestructura pública, como la rotonda de acceso a Villa La Angostura, lo que -según su planteo- perjudica a toda la comunidad.
Autor
