La senadora nacional por Neuquén, Nadia Márquez, defendió la reforma de la Ley de Tierras Rurales que el Senado debatirá esta semana y aseguró que la iniciativa «busca generar mayor seguridad jurídica para promover inversiones, sin afectar la soberanía nacional ni las competencias de las provincias sobre sus recursos naturales».
Durante una entrevista en LN+, la legisladora afirmó que el proyecto actualiza una normativa que, a su criterio, limitó el desarrollo económico. «La Argentina necesita recibir inversiones. Lo que estamos haciendo es actualizar una legislación que terminó restringiendo oportunidades de desarrollo sin aportar mayores garantías para la soberanía«, expresó.
Márquez explicó que el dictamen consensuado eleva del 15% al 25% el límite para la propiedad extranjera de tierras rurales, mantiene ese porcentaje por provincia e incorpora un sistema de registración para identificar con precisión la titularidad extranjera de los inmuebles.
La senadora también cuestionó la ley sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y sostuvo que las restricciones impuestas desalentaron inversiones. «Quienes terminaron beneficiándose fueron quienes compraron tierras fiscales a menor valor y se convirtieron en grandes terratenientes, que son los Lázaro Báez de la vida. La Argentina necesita reglas que promuevan la inversión y el desarrollo«, afirmó.
En relación con la soberanía nacional, Márquez remarcó que la reforma mantiene prohibiciones y controles específicos. Explicó que los Estados extranjeros no podrán adquirir tierras rurales en la Argentina y que las empresas con participación estatal solo podrán hacerlo con autorización conjunta de la Nación y la provincia correspondiente.
Además, señaló que continúan vigentes las restricciones para las zonas de frontera y que cualquier autorización seguirá sujeta a criterios vinculados con la seguridad y la defensa nacional.
Respecto de los recursos naturales, la legisladora aclaró que el proyecto no modifica el régimen establecido por la Constitución Nacional. «Los ríos, lagos, acuíferos y demás bienes de dominio público no pueden venderse y el dominio originario de los recursos naturales continúa perteneciendo a las provincias, tal como establece el artículo 124 de la Constitución Nacional«, explicó.
Por último, Márquez sostuvo que la iniciativa busca equilibrar la llegada de inversiones con la protección del interés nacional. «La propiedad privada puede cambiar de dueño, pero la soberanía nunca deja de pertenecer al Estado argentino. Esa es la base sobre la que construimos este proyecto«, concluyó.
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