En un operativo simultáneo, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso de Delitos Económicos Juan Narvaez, la Policía de la provincia realizaron catorce allanamientos en las sedes de Frente de Organizaciones en Lucha y Libres y en domicilios particulares de sus referentas en la ciudad de Neuquén.
En un operativo nunca visto en la Provincia de Neuquén, detuvieron a diez mujeres que están a la cabeza de los comedores, merenderos y proyectos productivos de esas organizaciones. La militancia de las organizaciones sociales, sindicales y políticas respondieron de inmediato con una movilización a la Comisaría N° 1 para exigir la libertad. Después de varias horas fueron liberadas, pero la causa sigue.
Según informaron desde el Ministerio Púbico Fiscal, el objetivo de los allanamientos fue obtener documentación y evidencia vinculada con el destino de recursos –dinero y comida para comedores- asignados por el Estado provincial a las organizaciones sociales, Libres del Sur o Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y la cooperativa Viento Sur.
En conferencia de prensa, los fiscales anunciaron que en los 14 allanamientos “se obtuvo importante cantidad de información” que irán procesando para determinar responsabilidades. “Se encontraron biblioratos con planillas, se secuestraron teléfonos, teníamos otros secuestrados con anterioridad, tenemos grupos de Whatsapp donde se da el presente o dice ‘no justificó’ la ausencia a una marcha o un corte”, adelantaron.
Causa contra las organizaciones sociales y funcionarios de Omar Gutiérrez
La causa está bajo la carátula de “fraude a la administración pública” para el caso de las y los dirigentes de las organizaciones sociales y de “administración fraudulenta” para los funcionarios públicos bajo investigación. “Esta investigación no está sólo destinada a los dirigentes de las organizaciones sociales y la cooperativa, sino también a los funcionarios que daban la orden de que se pague sin esperar las rendiciones”, informó el Ministerio Público Fiscal en conferencia de prensa.
“La denuncia más grave que recibimos fue que la Cooperativa Viento Sur, entre enero y diciembre de 2023, recibió aportes no reintegrables por 1.183 millones de pesos para ser usados en planes de capacitación para integrantes de las asociaciones intermedias. Sin embargo ese dinero no fue rendido”, dijo el fiscal jefe, Vignaroli y aclaró que aunque no son aportes no reintegrables sí tienen que rendirse.
Por este motivo, según están en la mira ex funcionarios. El convenio de capacitaciones fue suscripto por el entonces ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, y por Indira Coronel, en nombre de la Cooperativa el 22 de enero de 2023. “Acá llegamos a una cuestión altamente sospechosa y atípica, ya que se pagaba mensualmente a pesar de que la cooperativa no rendía”, acusó. Y desarrolló que en diciembre la administración de Rolando Figueroa dispuso una auditoría en la que se intimó a la cooperativa a que presente las rendiciones. “Solo presentó justificaciones de los meses de noviembre y diciembre, sin que hayan sido para los fines que se acordaron”, agregó Vignaroli.
Entre otras supuestas irregularidades, los fiscales aseguraron que hay transferencias para la compra de un terreno en Junín y otro en San Martín de los Andes, compra de un Renault Kangoo, y apuntó contra el referente Diego Mauro, del FOL, único autorizado para manejar una cuenta bancaria.
Judicialización de la pobreza y la protesta social
Las organizaciones sociales apuntaron al gobierno de Rolando Figueroa como el responsable detrás del accionar judicial. “Repudiamos este ataque del gobierno provincial en sintonía con el gobierno de Milei. Desde hace meses han desatado un ataque sistemático contra quienes peleamos por trabajo y combatimos el hambre en los barrios, donde no llega la asistencia cada vez más recortada de los gobiernos”, expresaron a través de un comunicado conjunto y se autoconvocaron en la puerta de la Comisaría N°1. Las acompañaron referentes sindicales de ATEN provincial y capital, organizaciones políticas y diputados del Frente de Izquierda.
“Somos mujeres trabajadoras y luchadoras por los barrios más humildes, con esto no nos va a amedrentar el Gobierno, con esto nos fortalece para seguir luchando por todas estas compañeras que hoy vinieron a apoyarnos”, dijo Liliana Larrosa, una de las detenidas a la salida de la comisaría primera, en diálogo con Neuquén Web.
Gladys Aballay, otra detenida de la organización Libres, aseguró que los allanamientos las tomó por sorpresa. Y consideró que el ataque es similar al que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. “Ataca a todas las organizaciones que somos las que contenemos y acompañamos a todas las familias que hoy no tienen para comer. La verdad que fue muy violento todo. Entraron a nuestras casas, rompieron, golpearon a una compañera, entraron a su cuarto, ella estaba totalmente desnuda y entraron ocho policías a ese allanamiento. La verdad que nos parece una tremenda violencia de la Policía de Neuquén”, denunció Aballay y responsabilizó al ministro Lucas Castelli.
Por su parte, la dirigenta de la CTEP, Soledad Urrutia, aunque su organización no fue allanada acompañó el reclamo. “Veníamos adelantando que las causas no se habían cerrado, que el gobierno de la provincia venía con la misma línea del gobierno nacional”, denunció y aseguró que es un ataque a las organizaciones sociales y responsabilizó también al ministro Lucas Castelli. “Todas mujeres, todas compañeras que trabajan en los comedores y merenderos y que sostienen el hambre que hay en este momento en todo el país y sobre todo en los barrios populares de Neuquén capital”.
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