Organizaciones sociales de la provincia realizaron una conferencia de prensa frente a la Fiscalía General de Neuquén para denunciar lo que describieron como una persecución política y judicial impulsada por el gobierno de Rolando Figueroa y el fiscal Pablo Vignaroli. El reclamo se produce a casi dos años de los allanamientos que afectaron a los espacios que realizan trabajo territorial en los barrios.
Soledad Urrutia, una de las referentes, explicó los motivos de la protesta: «Estamos acá por la criminalización a las organizaciones sociales. Ya se van a cumplir dos años del gran allanamiento a las organizaciones sociales que trabajábamos en el territorio, tratándonos de delincuentes, llevándose a compañeras detenidas, con todo un circo mediático detrás».
La dirigente sostuvo que el proceso solo dejó en evidencia la tarea de los espacios comunitarios. «Lo único que se está demostrando —y que se demuestra también en los barrios— es el gran trabajo que habíamos hecho las organizaciones sociales, el trabajo territorial, los lugares donde construimos», afirmó. Urrutia agradeció además el acompañamiento de asociaciones y gremios en una causa que, según definió, «verdaderamente es una burla hacia los que menos tienen y hacia el trabajo territorial de todas las organizaciones».
El abogado Marcos Pastorutti detalló el estado del expediente. «En este momento la causa se encuentra en un período probatorio, de producción de prueba, y estamos próximos al control de acusación, que es el paso previo al juicio», precisó. El letrado aseguró que la Fiscalía «no ha reunido prácticamente prueba para sostener una acusación» y anticipó que la defensa demostrará que «no solo no hubo delitos», sino que las organizaciones utilizaron el dinero del Estado para el destino previsto.
Pastorutti denunció también obstáculos durante toda la investigación. «Nos hicieron venir, esperar horas para que nos atendieran, para poder sacar una copia o ver alguna actuación nueva. Durante mucho tiempo no nos las mostraron», relató. El abogado indicó que el acceso a la totalidad del expediente llegó recién sobre el final del plazo y calificó como «una constante por parte de la Fiscalía el ocultamiento y la dificultad para acceder». Según explicó, la acusación quedó limitada al delito de administración fraudulenta, luego de una división inicial de cargos.
Liliana Larrosa, referente del FOL, vinculó la causa con una motivación política. «Nosotros entendemos que hay una persecución política, claramente. A dos años de los allanamientos a diez compañeras que fuimos muy maltratadas y muy humilladas, hasta ahora no tenemos respuesta de eso», señaló.
La dirigente trazó además un paralelismo con la desaparición de Luciana Muñoz, que también está por cumplir dos años. «Un día antes nos allanaron a nosotras y al día siguiente desaparece Luciana. A nosotras nos siguen persiguiendo y a ella no la pueden encontrar», expresó. Larrosa insistió en el carácter político de la causa: «Nosotros seguimos trabajando en los barrios más humildes, seguimos sufriendo este invierno tan crudo en los barrios, no tenemos ningún beneficio y está demostrado que nunca nos beneficiamos de nada que no fuera nuestro».
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