La decisión de Halliburton Argentina de exigir una rebaja de hasta el 23% en los contratos vigentes encendió la alarma en la Cuenca Neuquina. Tanto el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa como la Federación de Cámaras del Sector Energético (FECENE) y Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) rechazaron la medida unilateral y advirtieron sobre el impacto en la sustentabilidad de las pymes y el empleo local.
El secretario general del sindicato petrolero, Marcelo Rucci, cuestionó con dureza la decisión de Halliburton Argentina S.R.L. de exigir a sus proveedores una reducción de hasta el 23% sobre los contratos vigentes y advirtió que este tipo de medidas pone en riesgo a las pymes regionales y al empleo. El dirigente afirmó que «esto es una calamidad» y remarcó que «las empresas locales son grandes generadoras de trabajo y estas decisiones unilaterales golpean directamente sobre el entramado empresario de la cuenca».
Según el comunicado gremial, Halliburton comunicó a sus proveedores una reducción del 23% sobre los precios vigentes desde agosto y hasta diciembre, con un plazo de siete días para aceptar las nuevas condiciones. Rucci sostuvo que «acá no hay una propuesta ni una mesa de diálogo» y afirmó que «una empresa dominante decide mejorar sus números y descarga el ajuste sobre quienes menos margen tienen para soportarlo».
El dirigente aseguró que el sindicato se encuentra en alerta y advirtió que no permitirá que esa presión termine trasladándose a los trabajadores. Rucci remarcó que «la industria recibió enormes beneficios para invertir y producir» y sostuvo que «no puede ser que nuevamente pretendan que los más débiles paguen los platos rotos».
El planteo gremial se produce en momentos en que Halliburton Company informó una ganancia neta global de 534 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026 y destinó alrededor de 200 millones de dólares a la recompra de acciones. Rucci sostuvo que «cuando se pretende sacar casi una cuarta parte del valor de un contrato que ya está en ejecución, el ajuste termina cayendo sobre el empleo» y remarcó que el sindicato no lo permitirá. El dirigente concluyó que «una compañía global que gana más de 500 millones de dólares en un trimestre no puede pretender que una pyme neuquina de treinta empleados sea la que resuelva su problema de competitividad».
El rechazo de las cámaras empresarias
Por su parte, FECENE expresó su «más enérgico rechazo» a la decisión de Halliburton y calificó de inadmisibles las medidas unilaterales que trasladan el costo de los procesos de ajuste a las pequeñas y medianas empresas neuquinas. La federación sostuvo que las empresas proveedoras realizaron importantes inversiones, incorporaron tecnología y generaron miles de puestos de trabajo para responder al crecimiento de Vaca Muerta, y advirtió que modificar de manera intempestiva las condiciones de contratos en ejecución compromete la sustentabilidad de ese entramado productivo.
La federación remarcó, además, que este tipo de decisiones contradice el espíritu de la Ley Provincial N.º 3338, creada para fortalecer la participación de las empresas neuquinas y consolidar una cadena de valor local. FECENE instó a Halliburton a dejar sin efecto la medida e iniciar una instancia de diálogo con sus proveedores, y convocó a operadoras, cámaras empresarias y autoridades provinciales a defender un modelo de desarrollo que no sacrifique a quienes sostienen la actividad económica y el empleo neuquino.
ACIPAN pidió reglas claras
La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) cuestionó la decisión de Halliburton Argentina S.R.L. Para la entidad, resulta insólito que se pretenda modificar contratos en plena ejecución, cuando las empresas ya incorporaron personal, adquirieron equipos y comprometieron financiamiento sobre la base de esos valores.
El presidente de ACIPAN, Dante Scantamburlo, señaló que «revisar productividad, discutir un contrato nuevo o sentarse a renegociar forma parte del negocio y nadie se sorprende por eso». El dirigente advirtió, sin embargo, que «reescribir el precio de un acuerdo que ya está corriendo es otra cosa» y remarcó que «el riesgo de una decisión que tomó una empresa lo termina pagando la otra».
Desde la cámara explicaron que el precio de un servicio petrolero se construye con meses de anticipación y sobre variables que quedan definidas mucho antes del inicio de la operación, como la nómina, el mantenimiento de equipos, los repuestos, los seguros, la logística, la carga impositiva y el costo del financiamiento. Scantamburlo sostuvo que, «cuando esos números ya se firmaron, una quita del 23% se absorbe con capital de trabajo o se absorbe con gente» y remarcó que «no hay una tercera opción».
El titular de la institución remarcó que las empresas de la región conocen la exigencia competitiva de Vaca Muerta y trabajan a diario con márgenes acotados. Scantamburlo afirmó que «las empresas locales compiten todos los días y saben lo que significa cuidar cada peso» y sostuvo que la discusión de fondo pasa por otro lado: «se pretende corregir hacia atrás una ecuación económica que fue aceptada por las dos partes cuando se contrató el servicio».
ACIPAN pidió que cualquier revisión de condiciones comerciales se plantee antes de asumir nuevos compromisos, o se resuelva mediante acuerdos con plazos, contraprestaciones y reglas claras para ambas partes. Según sostuvo la entidad, ese camino evita comprometer la capacidad financiera y operativa de los proveedores que sostienen buena parte de la actividad diaria en los yacimientos.
Finalmente, el titular de ACIPAN concluyó que «Vaca Muerta necesita proveedores que puedan invertir, tomar crédito y planificar a tres años» y remarcó que, para eso, «hace falta algo elemental: que un contrato firmado valga lo que dice». Scantamburlo advirtió que, «si se puede corregir sobre la marcha, el que termina pagando más caro es todo el sistema».
Autor
