El diputado provincial Carlos Coggiola, de Neuquén Federal, presentó un proyecto para crear un mecanismo contravencional ante situaciones de violencia escolar o bullying en el sistema educativo. La iniciativa propone que los padres, tutores o responsables parentales que no actúen tras las notificaciones de la autoridad educativa puedan recibir multas económicas o asistir a talleres especializados.
El proyecto incorpora un artículo al Código de Faltas que obliga a los adultos responsables de los menores agresores a pagar multas de cinco a 30 JUS o bien asistir a instancias formativas sobre derechos del niño, convivencia escolar, responsabilidad parental y prevención de la violencia.
La medida será dictada por el juez competente y se aplicará cuando, pese a la notificación formal y previa de la autoridad educativa, los responsables no hayan adoptado acciones razonables y efectivas para frenar los actos reiterados de acoso, hostigamiento, discriminación o violencia física o psicológica. El juez podrá reemplazar la multa por la realización de trabajos comunitarios.
El articulado establece que el juez de paz, en su carácter de autoridad contravencional, deberá requerir los informes previos necesarios a la escuela, a los equipos interdisciplinarios y, de corresponder, al equipo de orientación escolar o al servicio de protección de derechos.
Asimismo, aclara que no se aplicará la sanción si se acredita que el adulto responsable actuó con diligencia razonable o si la omisión se debió a circunstancias de fuerza mayor, falta de medios o razones de salud debidamente justificadas.
En los fundamentos, Coggiola explicó que la medida no busca criminalizar a los niños, niñas y adolescentes, ni una penalización automática de situaciones complejas, sino brindar una herramienta como último recurso frente a la inacción reiterada e injustificada de quienes tienen el deber legal de guiar y contener.
El legislador agregó que la medida puede conmutarse por instancias formativas, evitando un enfoque meramente punitivo, y que su aplicación estará sujeta a las garantías del debido proceso, con intervención educativa previa y acreditación de dolo o negligencia grave.
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