El fiscal federal Ramiro González imputó al ex titular de Nucleoeléctrica Argentina, por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativa por más de 313.000 dólares. El escándalo no sólo salpica a uno de los hombres más cercanos a Javier Milei, sino que deja al descubierto una falla estructural en el manejo de una empresa estratégica para la soberanía energética del país.
No hay prima de riesgo que alcance para medir el costo político que le genera a este Gobierno, ya muy entre las cuerdas, el caso de Demian Reidel. Lo que en un principio apareció como un anexo técnico en el informe de gestión de jefatura de Gabinete, con 58 páginas de movimientos de tarjetas corporativas, rápidamente escaló a convertirse en el mayor escándalo de corrupción que enfrenta la administración de Javier Milei. Lo llamativo acá no es el tema gastos en sí mismo como la cascada de irregularidades en el caso de Adorni, sino que, al tratarse de una empresa estatal, todas las alarmas deberían apuntar a quiénes autorizaron los gastos millonarios, en qué empresa y bajo qué argumento.
Nucleoeléctrica Argentina S.A no es una empresa cualquiera. Opera las tres centrales nucleares estratégicas del país, Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan aproximadamente el 8% de la generación eléctrica nacional con una característica que las hace irremplazables en la matriz energética, una producción constante, sin intermitencias, lo que en la jerga se llama un base load puro. En este contexto, quien conduce esta empresa se hace de una pieza clave del sistema energético. Milei eligió a Reidel como uno de sus hombres de máxima confianza.
De Goldman Sachs a la función pública sin escalas
Demian Reidel es físico egresado del Instituto Balseiro, es especialista en matemática financiera por la Universidad de Chicago y doctor en Economía por Harvard. Su trayectoria continuó con unos años en Goldman Sachs y JP Morgan en Nueva York y Londres, y luego fundó su propio hedge fund, QFR Capital Management, que apostó a seguros contra default de deuda emergente durante la crisis de 2008. Su llegada al gobierno de Milei fue natural porque ya era parte del círculo de confianza mucho antes de que La Libertad Avanza llegara al poder. Fue interlocutor del Presidente ante Wall Street durante la campaña, y una vez en el Gobierno desembarcó primero como jefe del Consejo de Asesores Económicos y en abril de 2025 fue nombrado presidente de Nucleoeléctrica.
Su designación fue leída en el sector energético como una señal de que el Gobierno quería avanzar sobre el esquema nuclear con lógica de mercado, apertura al capital privado, integración con la agenda de inteligencia artificial y centros de datos que demanden energía. El propio Milei llegó a insinuar que ambos podrían aspirar al Nobel y que estaban «reescribiendo la teoría económica». Al Nobel no llegaron, pero si a los tribunales.
3.861 consumos y una empresa sin control interno
El reporte que Adorni adjuntó a su informe de gestión ante el Congreso, a raíz de un pedido de acceso a la información de la diputada Florencia Carignano, detalla 3.861 consumos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 con la tarjeta corporativa identificada como cuenta N° 338402, a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A. El monto total ascendió a 443 millones de pesos, equivalentes a unos 313.000 dólares al tipo de cambio oficial. El documento cubre 103 tarjetas distribuidas entre 11 directivos, directores y gerente general y 92 técnicos.
Conviven en ese listado compras en el Nuclear Energy Institute de Washington, en la Organización de Energía Nuclear de Canadá o en congresos vinculados al sector, que en efecto corresponden a la actividad institucional de la empresa, con gastos en discotecas en Madrid, servicios de playa en Valencia, más de 400 adelantos de efectivo por 56 millones de pesos, compras en casas de ropa femenina, peluquerías y tiendas duty free de aeropuertos internacionales. El documento, cabe aclararlo, no individualiza quién realizó cada gasto. Esa es la principal defensa de Reidel, y también el síntoma más claro de la crisis que le implica al Gobierno libertario.
El fiscal federal Ramiro González, en su requerimiento de instrucción, parte de un análisis preliminar de los movimientos en los que surgen erogaciones que aparecen ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de Nucleoeléctrica. Formuló la imputación e impulsó la investigación penal con posibles figuras de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La causa quedó en manos del juez federal Sebastián Ramos.
La defensa de Reidel y la lógica de la trazabilidad
Cuando el escándalo estalló a principios de mayo, Reidel salió rápido a ensayar su defensa en las redes. «Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas, ni servicio de playa, ni free shop, ni nada. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta», escribió. Su estrategia es sostener que el reporte no identifica al usuario de cada transacción, por lo que la asignación directa a su persona requiere cruzar datos bancarios que el fiscal ya solicitó al emisor.
Reidel se presentó ante el juez Ramos, propuso medidas de prueba y negó los consumos. Cercanos al ex funcionario sostienen que los viajes internacionales, incluido uno a Viena para actividades vinculadas al Organismo Internacional de Energía Atómica, tuvieron justificación institucional. El problema es que esa justificación no estaba documentada, procesada ni rendida en tiempo y forma. Ahí está la cuestión, no en si Reidel fue a Viena, sino en que Nucleoeléctrica funcionaba con un sistema de rendiciones posteriores que, según reconoció la propia empresa, no fueron debidamente acreditadas.
El discurso de la austeridad y la realidad de los free shops
El caso tiene una dimensión política que excede lo judicial y que el Gobierno difícilmente pueda administrar con cintura política. Milei llegó al poder con una narrativa de que «el Estado es la casta». Esa retórica fue el motor de su campaña y sigue siendo el pegamento ideológico de su coalición. Que uno de sus hombres más cercanos esté siendo investigado por gastos de libre disponibilidad en una empresa estatal, mientras se recortaban fondos para el mantenimiento de las propias centrales nucleares, es una contradicción que no se resuelve con comunicados.
No es la primera vez que la gestión de Reidel en Nucleoeléctrica genera ruido. Su salida en febrero de 2026 ya estuvo atravesada por denuncias de sobreprecios en licitaciones de limpieza e internas dentro del directorio. Las tarjetas corporativas son la segunda capa de un escándalo que lleva meses acumulándose. Y la respuesta institucional llegó tarde, el actual titular de la empresa, Juan Martín Campos, decidió discontinuar el uso de tarjetas corporativas para viajes. Una medida reactiva que confirma que el esquema de control interno de la empresa era inexistente.
El plan nuclear que no arrancó y la privatización que avanza
El escándalo ocurre en un momento de encrucijada para la política nuclear argentina. El denominado Plan Nuclear que Reidel encabezó como la gran apuesta energética del Gobierno lleva más de dos años anunciado y todavía no tiene proyectos concretos en ejecución. El CAREM, el reactor modular de diseño nacional, fue desfinanciado. Mientras tanto, el Gobierno avanza en la apertura del sector al capital privado externo, con una delegación estadounidense que ya recorrió centros atómicos estratégicos como el Centro Atómico Bariloche, el Centro Atómico Constituyente y el Centro Atómico Ezeiza.
La pregunta que queda flotando en el sector es tan técnica como política: ¿puede un Gobierno que no logró controlar el uso de tarjetas corporativas en su empresa nuclear gestionar la transición hacia reactores modulares de cuarta generación o asociaciones estratégicas con potencias extranjeras en un área tan sensible? La credibilidad institucional es un requisito operativo para los inversores.
La causa recién empieza
La investigación judicial está en sus primeras etapas. El fiscal González solicitó al banco emisor el detalle completo de todas las operaciones: fecha, comercio, importe y usuario de cada transacción. Eso es lo que en el expediente va a determinar si hay responsabilidades penales individuales concretas o si el caso queda como un testigo de las fallas de control en la administración pública. La causa involucra también a los integrantes del Directorio y la Sindicatura de Nucleoeléctrica, por presunta omisión en los deberes de vigilancia.
Mientras el Gobierno enfrenta una tensión que no se resuelve en los tribunales. La crisis socioeconómica, la recesión y la pérdida de puestos de trabajo, ya son lo suficientemente graves cómo para que Milei elija sostener la narrativa del ajuste y la transparencia cuando al escándalo Adorni se le suma Demian Reidel, y abarca un entramado de una empresa del Estado clave bajo investigación penal por el uso de fondos públicos. La respuesta hasta ahora fue el silencio institucional. Pero en política energética, como en los mercados, el silencio también es información.
Autor
Néstor Pi
12 de mayo de 2026 at 12:08 PM
Muy interesante e ilustrativa la nota