El secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, Claudio Salazar, presentó un proyecto de ley que apunta a crear un régimen jubilatorio especial para quienes tienen discapacidad y trabajan en el sector público, dentro del sistema de inclusión laboral. La propuesta plantea que estas personas puedan jubilarse a los 45 años, siempre que hayan aportado durante 15 años al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).
Esta iniciativa está dirigida a las personas con discapacidad que están afiliadas al régimen previsional provincial y que ingresaron al Estado a través del sistema de inclusión laboral que establece el artículo 8 de la ley 1634, la cual creó un «Régimen Especial de Protección Integral para Personas Discapacitadas». Es decir, no es para cualquiera, sino para quienes lograron acceder a un empleo estatal gracias a esa normativa.
El proyecto también aclara a quiénes considera personas con discapacidad: se trata de quienes tienen alteraciones funcionales, ya sean físicas o mentales, que sean permanentes o de larga duración, y que les generen desventajas importantes para integrarse en la familia, la sociedad, la educación o el trabajo, teniendo en cuenta su edad y el entorno en el que viven. Es una definición que busca ser amplia y contemplar las distintas realidades que atraviesan las personas con discapacidad, que muchas veces quedan relegadas por un sistema que prioriza la ganancia y la productividad por encima de la inclusión y la igualdad.
La iniciativa, según explican, apunta a dar una respuesta concreta en el terreno de la seguridad social, buscando achicar las enormes desigualdades que todavía sufren las personas con discapacidad cuando se trata de acceder a una jubilación digna. Se destaca que, para muchxs, entrar al Poder Judicial suele ser el primer trabajo formal o uno de los primeros, lo que hace que la cantidad de años con aportes previsionales sea baja y complique el acceso a una cobertura adecuada.
El proyecto también recuerda que tanto la legislación nacional como la provincial obligan a los Estados a garantizar que al menos el 4% de sus empleados y empleadas sean personas con discapacidad, además de reservarles puestos específicos. Pero, en vez de quedarse en la letra muerta del cupo, plantea que esto debe ir de la mano de un régimen jubilatorio especial, que contemple tanto una edad de retiro más baja como menos años de aportes para poder acceder a la jubilación ordinaria. Es decir, no alcanza con el cupo: hace falta una política integral que reconozca las dificultades estructurales que enfrenta este sector y que apunte a una verdadera inclusión, no solo en el acceso al trabajo sino también en el derecho a una jubilación justa.
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