El diputado nacional Pablo Todero (UP) presentó un proyecto de ley para modificar el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y orientar los beneficios fiscales hacia las micro, pequeñas y medianas empresas del sector.
La iniciativa propone excluir a las grandes empresas privadas del régimen, aunque contempla excepciones para compañías cuyo capital accionario mayoritario pertenezca al Estado nacional, provincial o municipal, además de las cooperativas.
“El objetivo de este proyecto es corregir una distorsión profunda que tiene el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”, sostuvo Todero.
Según los fundamentos de la iniciativa, la Ley 27.506 buscó impulsar actividades vinculadas con el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, además de promover empleo calificado y nuevas empresas. Todero cuestionó que parte de los beneficios se haya concentrado con el paso de los años en un grupo reducido de grandes compañías.
De acuerdo con los datos citados por el diputado, durante 2025 unas 784 empresas accedieron al régimen y 78 correspondían a grandes empresas. Estas últimas representaron el 10% de las beneficiarias, pero concentraron el 57% de los bonos fiscales otorgados, equivalentes a más de 72.000 millones de pesos.
“Con los años, la aplicación de la ley terminó tomando el camino inverso y se convirtió en una caja de ahorro fiscal para unos pocos”, afirmó el legislador neuquino.
Qué propone el proyecto para el Impuesto a las Ganancias
El proyecto también plantea cambios en la reducción del Impuesto a las Ganancias y establece una escala según el tamaño de cada empresa.
La propuesta contempla una reducción del 100% para las microempresas, del 75% para las pequeñas, del 50% para las medianas y del 20% para las grandes empresas comprendidas dentro de las excepciones previstas.
“Las exenciones impositivas deben ser una herramienta de apoyo para los que recién empiezan o para quienes invierten en el desarrollo del país, no un privilegio permanente para los que ya ganaron el mercado”, argumentó Todero.
La iniciativa incorpora además mayores requisitos para acceder y permanecer en el régimen. Las empresas deberán acreditar inversiones, capacitación del personal, actividades de investigación y desarrollo, exportaciones y mantenimiento del empleo. La revalidación de los beneficios deberá concretarse cada dos años.
Las empresas estatales conservarían los beneficios
Todero defendió la continuidad de los incentivos para empresas tecnológicas con participación estatal mayoritaria, entre ellas INVAP, Y-TEC, VENG y Nación Servicios, por el papel que les atribuye en áreas relacionadas con la soberanía científica y tecnológica.
“No se trata de castigar el éxito comercial, sino de devolverle cordura y sentido común a las políticas públicas”, sostuvo.
El diputado planteó que el Estado debe priorizar el fortalecimiento del entramado PyME frente a las ventajas fiscales para grandes compañías con capacidad propia de financiamiento.
“Los gigantes corporativos o las multinacionales que hoy aprovechan esta ley no necesitan subsidios estatales para seguir creciendo”, afirmó.
Todero señaló que la reforma apunta a que los recursos fiscales que resigna el Estado tengan como destino el desarrollo productivo, la generación de empleo y la soberanía tecnológica.
“Si el Estado resigna recursos, debe hacerlo para generar desarrollo, empleo y soberanía tecnológica, no para incrementar las utilidades de empresas que ya son altamente rentables”, concluyó.
Fuente: El Parlamentario
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