La asamblea interhospitalaria de Trabajadorxs de Salud en Lucha solicitó formalmente a la Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales de la Legislatura neuquina participar del debate del proyecto de ley para la creación de un plan de protección integral contra la violencia hacia los trabajadores del sistema de salud, impulsado por el gobernador Rolando Figueroa. Al mismo tiempo, emitieron un pronunciamiento público en el que rechazaron la iniciativa y reclamaron condiciones laborales y salariales dignas.
«Coincidimos en que cuidar la salud de lxs que cuidan es urgente y así como funcionarias y funcionarios del Ministerio de Salud pudieron expresar su punto de vista, lxs trabajadorxs que estamos al frente de la atención queremos dar nuestra visión para aportar al debate», señalaron en la nota elevada a la comisión, y apelaron a los diputados y diputadas a respetar su derecho constitucional a expresar su opinión.
El colectivo aclaró que ni la conducción de ATE ni la de Siprosapune los representan en este conflicto, ya que sus posicionamientos «no fueron debatidos en asambleas» y sus intereses «son afines a la gestión». «Los equipos de salud no tenemos miedo de la comunidad con quien y para quien trabajamos. No es nuestro enemigo. No necesitamos que nos protejan de ella«, expresaron.
Los trabajadores señalaron que la violencia en el sistema sanitario tiene raíces estructurales: «Los territorios están arrasados por la actividad hidrocarburífera, que genera ingresos millonarios para la provincia y las empresas, y nada llega a la gente de los barrios empobrecidos, incrementando cada vez más la desigualdad estructural«.
El pronunciamiento cuestionó el anuncio del gobernador de ampliar la atención en Salud Mental a jornadas de 12 horas sin especificar recursos. «Los centros de salud, y especialmente los sectores de atención psicosocial, se encuentran en estado crítico, tanto en la cantidad de profesionales como en las condiciones edilicias», advirtieron. También alertaron sobre el éxodo de profesionales hacia el ámbito privado por salarios que no permiten una vida digna.
El colectivo reclamó soluciones concretas antes de hablar de protección: mejora salarial, mejoras edilicias, apertura de concursos, ampliación de equipos, jornada laboral de 6 horas e insumos básicos. Alertaron además que el crecimiento demográfico provincial del 30% entre 2010 y 2022 complejiza las demandas de atención sin que el Ejecutivo planifique nuevos efectores de salud. «Las declaraciones del gobernador resultan dichos vacíos, carentes de respaldo y, por lo tanto, demagógicos«, concluyeron.
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