El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes rechazó este jueves 3 de septiembre la moción para avanzar con el procedimiento de juicio político contra el intendente Carlos Saloniti. La votación terminó con 7 votos en contra y 4 a favor.
La definición ocurrió durante la Sesión Especial N°1 del año 2026, después de que Saloniti expusiera durante casi cuatro horas ante los concejales para responder los seis cargos que una vecina presentó para impulsar el proceso de juicio político.
De esta manera, la moción para llevar adelante el procedimiento no obtuvo los votos necesarios y quedó rechazada por el cuerpo deliberativo.
Antes de la votación, Saloniti centró su defensa en los cuestionamientos sobre el sistema de saneamiento y el lago Lácar, la deuda con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), los controles sobre obras en el Cerro Chapelco, la actuación de la Contraloría Municipal, una medida cautelar y el Convenio Colectivo de los trabajadores municipales, además de la participación ciudadana en el Plan de Ordenamiento Territorial.
El jefe comunal había solicitado la Sesión Especial y llevó al recinto documentación con antecedentes administrativos, datos técnicos y referencias a expedientes. Una copia del material quedó en el Legislativo municipal.
“No les pido que compartan cada decisión de mi gobierno. No les pido que dejen de controlar. Les pido rigor y, recién después de hacer ese análisis, que se pregunten cuál es exactamente la conducta personal que se me atribuye”, afirmó Saloniti durante su exposición.
El intendente estuvo acompañado por sus secretarios y recibió el respaldo de cientos de vecinos que se movilizaron hasta las puertas del Legislativo comunal.
Dentro del recinto también estuvieron el Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo, y el juez de Faltas, Carlos Sánchez Galarce. En el exterior participaron representantes y afiliados de ATE y UTA, comisiones barriales, organizaciones sociales, instituciones deportivas y representantes de entidades de culto.
Saneamiento y lago Lácar
Sobre el primer cargo, Saloniti sostuvo que la Cooperativa de Agua Potable había aclarado que no existía un colapso general del sistema.
“La Cooperativa de Agua Potable aclaró públicamente el 19 de mayo que nunca había diagnosticado un colapso general del sistema y que las plantas se encontraban en funcionamiento continuo y regular. No es lo mismo decir hay una infraestructura exigida que necesita inversión que afirmar todo el sistema está colapsado”, expresó.
El intendente también aseguró que el problema de los barros cloacales tuvo tratamiento antes de la presentación del pedido de juicio político.
“El problema de los barros cloacales fue abordado mucho antes de esta denuncia. Se gestionó asistencia financiera, se acondicionó el sitio de tratamiento, se tomaron recomendaciones de impermeabilización, geomembrana, compactación y drenaje”, señaló.
Saloniti detalló aportes e inversiones destinados al sistema. Entre ellos mencionó $128.063.423,28 que la Provincia otorgó a la Cooperativa en agosto de 2025, en el marco del Pacto de Gobernanza con el Gobierno de Neuquén, para mejorar la capacidad operativa de las plantas y la provisión de agua.
Además, indicó que en 2025 se otorgó un aporte extraordinario de $14 millones para el sistema ultravioleta de la PTE-1.
También mencionó inversiones provinciales y municipales para la renovación de lámparas y balastos del sistema ultravioleta de la PTE-3, bombas para el tratamiento de barros, equipos de laboratorio y elementos de seguridad.
Saloniti sostuvo que el Municipio, el Organismo de Control Municipal, la Cooperativa y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento identificaron como prioritarios para la planta que protege al lago Lácar un grupo electrógeno, dos nuevos sopladores y un equipo deshidratador de lodos.
“La compra ya se tramita, con una inversión estimada en 600 millones de pesos”, afirmó.
A eso sumó el proyecto para incorporar a la Planta N°3 un filtro de discos de tratamiento terciario vinculado al desarrollo del barrio Aitue, con un presupuesto asignado de $951.636.140.
“Las inversiones actuales y proyectadas en saneamiento no resuelven definitivamente todos los desafíos del saneamiento. No sería serio decir eso. Pero tampoco sería serio describir una administración inmóvil cuando existen expedientes, licitaciones y casi 1.552 millones de pesos destinados a mejorar ambas plantas”, sostuvo.
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La deuda y los suministros de EPEN
El segundo cargo estuvo relacionado con la deuda y los suministros del EPEN. Saloniti explicó que desde 2006 existe un mecanismo de compensación entre la Municipalidad y el organismo provincial que, durante años, funcionó sin generar deuda municipal.
“En 2022, frente a una situación financiera compleja de la Cooperativa de Agua, el Municipio asumió el pago de electricidad de los bombeos de las plantas PTE-1 y PTE-3. Porque el agua y el saneamiento son servicios esenciales que no pueden parar porque exista una discusión financiera”, manifestó.
Según explicó, el desequilibrio comenzó a registrarse en 2024 y se profundizó durante 2025.
“Recién en 2024 comenzó a aparecer un saldo a favor del EPEN y durante 2025 el desequilibrio se hizo mucho más fuerte, entre otras razones por el incremento de las tarifas eléctricas, el crecimiento del alumbrado y la cantidad de suministros. La deuda nació cuando un esquema de compensación de casi veinte años dejó de equilibrarse frente a una ciudad y a costos que habían cambiado”, afirmó.
Saloniti precisó que existen 286 suministros, de los cuales 150 corresponden a alumbrado público, 91 son de uso general, 26 residenciales, 15 de mediana demanda y cuatro de gran demanda.
También indicó que desde diciembre de 2019 se incorporaron 82 suministros, mientras que los otros 204 ya existían.
“El trabajo serio no es señalar un número de medidores. Es saber qué hay detrás de cada número”, sostuvo.
De los 82 nuevos suministros incorporados durante los últimos seis años, 31 corresponden a alumbrado público; 30 están vinculados, entre otros usos, con bombas, plazas, espacios públicos e infraestructura; 18 son residenciales; dos corresponden a mediana demanda y uno a gran demanda.
“Detectado el desequilibrio con EPEN, la decisión fue trabajar en dos planos al mismo tiempo: regularizar la deuda y corregir las causas administrativas que podían seguir generándola. Refinanciamos la deuda para pagarla sin destruir el funcionamiento cotidiano de la Municipalidad y empezamos a revisar cada suministro y la potencia contratada”, afirmó.
El jefe comunal también señaló que existen suministros relacionados con situaciones sociales y viviendas de familias vulnerables.
“Una cosa es ordenar administrativamente los suministros y otra muy distinta es presentar todos esos consumos como si fueran ilegítimos, injustificados o ajenos al interés municipal. No estamos ocultando los suministros. Los estamos relevando, clasificando y ordenando”, expresó.
La medida cautelar y el Convenio Colectivo
El tercer cargo se centró en una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia y el Convenio Colectivo.
Saloniti rechazó que una controversia jurídica pueda interpretarse como una desobediencia personal a una orden judicial.
“Hay una distinción que considero fundamental: una cosa es discutir la constitucionalidad de una norma y otra cosa muy distinta es incumplir una orden judicial. Aquí se pretende transformar una discusión jurídica, que todavía se encuentra sometida al Tribunal Superior de Justicia, en una imputación personal al intendente de desobediencia. Son cuestiones completamente diferentes”, sostuvo.
El jefe comunal agregó: “Puedo sostener jurídicamente que una norma es constitucional y, al mismo tiempo, cumplir una resolución cautelar que suspende provisionalmente sus efectos. Eso es precisamente respetar al Poder Judicial”.
Saloniti también planteó que una acusación por incumplimiento requería identificar una conducta concreta atribuible al intendente.
“Porque la responsabilidad política no puede fundarse en abstracciones, tiene que existir una conducta concreta”, expresó.
Los controles sobre las obras en Cerro Chapelco
El cuarto cargo estuvo relacionado con las actuaciones municipales sobre obras en el Cerro Chapelco.
Saloniti rechazó que el Municipio hubiera abandonado el ejercicio del poder de policía ambiental y enumeró inspecciones, paralizaciones, pedidos de documentación, evaluaciones técnicas, medidas de mitigación, intimaciones e infracciones.
“El 30 de enero de 2026 el Municipio constató que la empresa concesionaria del Cerro Chapelco realizaba movimientos de suelo en la playa de estacionamiento, sin autorización municipal. Constatada la irregularidad, el Municipio ordenó la paralización de los trabajos”, explicó.
El intendente planteó que la infracción de un tercero no podía utilizarse como prueba de una falta de control municipal.
“¿Quién realizó los movimientos de suelo? La concesionaria. ¿Quién detectó el incumplimiento? La Administración municipal. ¿Qué hizo cuando lo detectó? Paralizó. La infracción de un tercero no puede ser transformada, sin más, en prueba de que el Municipio renunció a controlar: cuando la irregularidad fue constatada, se ordenó detener la obra”, afirmó.
Saloniti también recordó que el 23 de abril, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 15.593/26, mediante la cual aprobó la Factibilidad Ambiental de la Playa de Estacionamiento del Cerro Chapelco.
“No estamos, entonces, frente a un procedimiento que quedó abandonado o indefinidamente inconcluso. El procedimiento continuó, fue evaluado técnicamente, llegó a este Concejo Deliberante y culminó con una decisión institucional”, sostuvo.
El intendente diferenció además el expediente municipal de la playa de estacionamiento de las actuaciones relacionadas con el nuevo medio de elevación, el sistema de cañones de nieve, el reservorio de agua y las nuevas líneas eléctricas.
“La metodología de la denuncia es equivocada, porque mezcla expedientes, obras, autoridades y competencias y luego atribuye todo el conjunto a una única persona”, expresó.
Y agregó: “No puede juzgarse la actuación del Intendente confundiendo la conducta de la concesionaria con la conducta del Municipio; ni mezclando la playa de estacionamiento con todas las obras de la concesión; ni atribuyendo al Departamento Ejecutivo decisiones que correspondieron al poder concedente provincial”.
La respuesta sobre la Contraloría Municipal
El quinto cargo apuntó a una supuesta obstrucción de la Contraloría Municipal.
“La Contraloría tiene que controlar. Y un intendente no tiene derecho a impedir ese control. Ahora bien, controlar no significa gobernar. La Contraloría observa, informa, cuestiona y recomienda. El Ejecutivo administra, decide y, cuando corresponde, responde o corrige”, manifestó Saloniti.
El intendente sostuvo que las notas recibidas fueron contestadas en su mayoría y que algunas quedaron bajo análisis de las áreas correspondientes.
Participación ciudadana y Plan de Ordenamiento Territorial
El sexto cargo estuvo relacionado con la participación ciudadana y la audiencia pública en el Plan de Ordenamiento Territorial.
“El sexto cargo pretende presentar como un proceso irregular, opaco y deliberadamente defectuoso lo que, en los hechos, constituye uno de los procesos de planificación territorial y participación ciudadana más amplios desarrollados por el Municipio”, afirmó Saloniti.
El jefe comunal señaló que el artículo 59 inciso 4 de la Carta Orgánica Municipal establece la exigencia de audiencia pública para la aprobación de proyectos de ordenanza que dispongan la aprobación o modificación de normas ambientales y urbanísticas.
“Una vez concluida la asistencia técnica y elaborado el proyecto de Código de Planeamiento Urbano, éste será sometido al procedimiento correspondiente, incluida la audiencia pública exigida por la Carta Orgánica”, afirmó.
Saloniti también sostuvo que existió participación ciudadana durante el proceso y mencionó reuniones con colegios profesionales, prestadores de servicios, representantes de juntas vecinales, cámaras empresarias, integrantes del Concejo Deliberante y distintas áreas municipales.
A esas instancias se sumaron encuentros públicos y abiertos y, durante cuatro semanas, funcionaron 11 comisiones temáticas: Ambiente; Infraestructuras; Plan de Movilidad Urbana; Programa de Barrios; Kaleuche; Plan de Acceso al Hábitat; Juventud; Discapacidad; Adultos Mayores; Patrimonio; y Ordenamiento Territorial y Código de Planeamiento Urbano.
“Esto contradice de manera categórica la idea de un proceso cerrado u opaco. Resulta particularmente significativo que quien hoy cuestiona la falta de instancias de participación pública no registre participación en ninguna de las comisiones creadas”, sostuvo.
Saloniti: “No reivindico una gestión perfecta”
En el tramo final de su exposición ante el Concejo Deliberante, Saloniti defendió su actuación al frente del Municipio y rechazó los argumentos que sustentaron el pedido de juicio político.
“No reivindico una gestión perfecta. Reivindico una gestión que trabaja, que gestiona, que corrige, que busca recursos y que asume responsabilidades. Voy a rendir cuentas de cada decisión que me corresponda. Voy a entregar cada expediente. Voy a escuchar cada crítica y voy a corregir aquello que haya que corregir”, afirmó.
Luego agregó: “Pero con la misma convicción digo: no abandoné mis funciones. No dejé de gestionar. No desobedecí deliberadamente a la Justicia. No renuncié al control ambiental. No impedí el funcionamiento de las instituciones de control. Y no ocultamos a la comunidad un proceso de planificación que fue construido mediante decenas de reuniones abiertas”.
Saloniti resumió su planteo con una definición: “Una cosa es controlar a un gobierno y otra muy distinta es transformar las dificultades propias de gobernar en una causal de destitución”.
“Confío en las instituciones de San Martín de los Andes. Y confío en que nuestra comunidad entiende algo sencillo: gobernar no es prometer que no habrá problemas. Gobernar es enfrentarlos. Y eso es lo que hicimos. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que voy a seguir haciendo mientras los vecinos de San Martín de los Andes me hayan confiado esta responsabilidad”, concluyó.
Después de la extensa exposición del jefe comunal, el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes definió la continuidad del planteo durante la Sesión Especial N°1 de 2026.
La moción para llevar adelante el procedimiento de juicio político contra Carlos Saloniti fue rechazada por 7 votos en contra y 4 a favor.
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