Durante el apartado de Otros Asuntos de la 10° sesión ordinaria, la vicepresidenta 1ª a cargo de la Presidencia de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina, respondió las consultas formuladas por la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia sobre la aplicación de la ley de narcotest y el régimen de descuentos por inasistencias de legisladores.
Reina justificó su intervención en la necesidad de “resguardar la institución” y señaló que ambos temas surgieron a partir del planteo de un solo diputado. Además, advirtió que no formaban parte del orden del día ni habían sido puestos a consideración de todos los integrantes de la comisión antes de solicitar información.
Respecto al régimen de ausencias, explicó que la resolución 1208, aprobada en 2024, complementó los mecanismos previstos en el reglamento interno y estableció descuentos porcentuales sobre las dietas en determinados casos. También indicó que la implementación requirió adecuaciones administrativas y que actualmente funciona un sistema informático que registra de manera automática la asistencia a comisiones y sesiones.
La legisladora remarcó que las inasistencias deben justificarse mediante certificados médicos, comisiones de servicio u otros supuestos contemplados por la normativa vigente. “No vamos a dejar pasar ninguna ausencia sin justificar”, afirmó, y destacó que toda la información tiene carácter público.
Sobre la ley de narcotest, aprobada en septiembre de 2025, recordó que la norma incluye a los diputados y diputadas provinciales, pero advirtió que la reglamentación publicada por el Poder Ejecutivo designó al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación sin establecer cómo debe implementarse el procedimiento dentro del Poder Legislativo.
En ese contexto, planteó una serie de interrogantes vinculados con la aplicación de la ley en la Cámara. “¿Quién determina la sanción del diputado que se niega? Porque en el Ejecutivo está la cesantía”, expresó. Además, propuso avanzar con una resolución que reglamente el procedimiento y establezca las sanciones correspondientes ante eventuales incumplimientos.
“¿Cómo yo, diputada, compañera de ustedes, voy a reglamentar algo, aún siendo presidenta, que no me corresponde?”, manifestó Reina, quien también señaló que la Legislatura no cuenta con una estructura sanitaria similar a la de otros poderes del Estado para ejecutar el sistema previsto por la ley.
Al mismo tiempo, convocó a los legisladores a realizarse los estudios de manera voluntaria mientras se define la reglamentación. “¿Necesitan los señores y las señoras diputadas una reglamentación para cumplir con la ley que está vigente?”, preguntó. Luego agregó: “Los invito a, en menos de 24 horas, ir a un hospital, ir a un laboratorio porque, además, el diputado debe pagar”.
Por su parte, el diputado Claudio Domínguez (MPN) sostuvo que las dudas planteadas debieron debatirse durante el tratamiento legislativo de la norma. En ese sentido, recordó que todos los bloques tuvieron la posibilidad de introducir modificaciones y afirmó que la ley establece controles obligatorios y sorpresivos, por lo que los legisladores deben someterse a ellos cuando sean convocados.
A su turno, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) valoró que el debate se desarrollara públicamente y coincidió en que algunos aspectos de la ley no quedaron completamente resueltos durante su tratamiento. Recordó que el artículo referido a los test rápidos se incorporó para despejar dudas operativas y facilitar la realización de los controles.
La legisladora sostuvo además que el procedimiento no presenta mayores complejidades y consideró que la Legislatura podría contar con los insumos necesarios para efectuar los controles iniciales. También señaló que, según la ley, un resultado positivo requiere posteriormente un análisis más exhaustivo en laboratorio.
En otro tramo de su intervención, Buchiniz planteó que aún resta conocer la situación de los diputados y diputadas que no presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales, tema que también había sido planteado en comisión. Consideró que se trata de una demanda de transparencia que la ciudadanía mantiene hacia la dirigencia política.
Finalmente, el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) respaldó las explicaciones brindadas por Reina y sostuvo que la responsabilidad de implementar la normativa corresponde al conjunto de los legisladores. “Somos todos los diputados responsables frente a una norma”, afirmó.
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