Las organizaciones sociales junto a su abogado Mariano Pedrero, en conferencia de prensa, detallaron la denuncia que realizaron ante el Ministerio Público Fiscal por “las irregularidades y los delitos que se cometieron en los allanamientos que se realizaron en forma masiva el 12 de julio a distintos integrantes de las organizaciones sociales”.
Pedrero explicó en forma detallada los actos de violencia “totalmente irregulares que quebrantan la forma y el proceder que tiene que tener la fiscalía cuando realiza este tipo de medidas investigativas”.
“Se patearon y rompieron puertas para ingresar a los domicilios cuando había gente adentro dispuesta a abrir”, contó. “Hubo momentos muy violentos en los que había infancias presentes. La policía forzó a niños a llamar a sus madres diciéndoles que si no se presentaban se los iban a llevar detenidos. Hicieron desnudarse y cambiarse de ropa a las mujeres, con las puertas abiertas del baño. Y se llevaron a la mayoría de ellas esposadas por la espalda cuando no había ningún tipo de justificativo para la detención”, denunció el abogado.
Mientras desplegaban este violento operativo, los efectivos policiales aseguraban estar cumpliendo órdenes del fiscal jefe Pablo Vignaroli. Decían que “actuaban así por pedido expreso del fiscal”. Por eso desde las organizaciones sociales se pide que “se investigue si se trata solo de un obrar ilícito por parte de la Policía o esto contó con el beneplácito de la Fiscalía”.
“No sabemos de qué se acusa a las organizaciones sociales”
Los 14 allanamientos a las organizaciones sociales se realizaron hace ya un mes. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal todavía no hizo formulación de cargos. “No sabemos de qué se acusa a las organizaciones sociales. No hay posibilidad alguna de defenderse porque no se sabe que se les imputa”, señaló Pedrero.
Desde la defensa de las organizaciones sociales se aseguró que cada vez que el Estado provincial pidió información sobre cómo se estaban llevando adelante los distintos proyectos o el avance de obras o capacitaciones en el marco de los convenios que hay entre ellas y el Estado Provincial, las organizaciones rindieron cuentas y entregaron toda la documentación respaldatoria. “La Fiscalía de Estado cuenta con toda esa información, pero sorpresivamente, lejos de preguntar si tenía alguna duda, lejos de volver a requerir algún dato o documentación, armó una denuncia por supuesta malversación”, criticó Pedrero. Sobre esa denuncia se montó el operativo de allanamientos y, a un mes, no hay imputación formal.
“Después de meses de contar con toda la documentación y a 5 semanas de los allanamientos, la fiscalía no puede siquiera esbozar en qué consistiría la supuesta e inexistente malversación de fondos” aseguró el abogado.
“Están poniendo en marcha una nueva forma de criminalización de la protesta social”
Pedrero aseguró que “desde el poder político y el poder judicial están poniendo en marcha una nueva forma de criminalización de la protesta social. Esto sucede a escala nacional. Así como en los 90 usaban la figura del corte de ruta para procesar a miles y miles de compañeros y compañeras, hoy utilizan las del “fraude” o la “extorsión” para judicializar a quienes se organizan para dar respuesta a lo que no se puede ocultar: la pobreza espantosa que crece y crece en el país con más de un millón de niños y niñas que pasan todos los días sin una de las comidas necesarias. Esa es la respuesta del Estado, acobachar mercadería en galpones y criminalizar a quienes están en los barrios enfrentando esta situación”.
En este sentido, advirtió: “Hay que poner en debate esta nueva escalada represiva que se generaliza en todo el país, en juzgados federales y provinciales. Hace 100 años consideraban como asociaciones ilícitas a los sindicatos, hoy van por las organizaciones sociales. En ese contexto es que no podemos permitir que quede impune a un obrar violento de la Policía y la Fiscalía que realiza allanamientos coordinados que nos retrotrae a las épocas más oscuras de nuestro país”.
