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Política

Es ley la modernización de la Secretaría de Trabajo

La Cámara sancionó este jueves la ley 3468 que crea un nuevo régimen de funcionamiento para la Secretaría de Trabajo.  

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La Legislatura de Neuquén sancionó este jueves la ley 3468 que crea un nuevo régimen de funcionamiento para la Secretaría de Trabajo.  Al explicar el alcance de la norma que actualiza la estructura de la Secretaría de Trabajo, el legislador Francisco Lepore de Avanzar especificó que se busca modernizar el funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo, incorporar procedimientos digitales, descentralizar y ampliar su capacidad de acción en las distintas localidades, fortalecer los mecanismos de inspección y potenciar la instancia administrativa como vía alternativa de resolución de conflictos para que el trabajador no tenga que recurrir a la Justicia para resolver una controversia laboral.

La norma fue aprobada por amplia mayoría con 27 votos positivos aportados por todos los bloques políticos, a excepción de la banca del FIT-U, que votó en contra y del PTS-FIT-U, que se abstuvo de votar.

Lepore mencionó que la norma vigente (ley 1625) se sancionó hace 40 años y que era necesaria una actualización en función de los cambios en las modalidades de trabajo del último tiempo, por lo que se debe readecuar el funcionamiento del organismo de control para hacer eficiente su tarea.

En ese sentido, ponderó la regionalización con delegaciones zonales que sumarán personal permanente para atender y controlar tanto cuestiones laborales como de seguridad e higiene. Sobre este punto, puso especial énfasis en destacar que el corredor petrolero entre Añelo y Rincón de los Sauces tendrá una delegación por localidad, decisión que refuerza la importancia que tiene Vaca Muerta en materia de generación de empleo. “Es fundamental para el trabajador poder resolver un problema laboral cerca de su domicilio”, sostuvo al defender la regionalización.

A la vez, Lepore remarcó que uno de los puntos centrales de la ley es poder brindarle al trabajador y al empleador la posibilidad de resolver un conflicto a través de una instancia administrativa y así evitar la instancia judicial, que implica mayores plazos y costos para las partes.

El legislador indicó que además del arbitraje que puede brindar el Estado, también se contempla la conciliación como una modalidad en la cual el empleado puede acceder en forma gratuita al patrocinio legal que brinda el organismo para garantizar que no se vulneren sus derechos laborales.

“Nuestro norte es poder contar con un sistema de resolución de conflictos laborales que tenga carácter obligatorio y le permita a las partes evitar la vía judicial. Queremos resolver conflictos en sede administrativa. Creo que debemos ir a un sistema donde una importante cantidad de reclamos se diriman y resuelvan rápidamente en una instancia administrativa. Para alcanzar esta meta es necesario dotar al sistema de todo este tipo de garantías”, apuntó Lepore al exponer sobre el alcance de las modificaciones.

Al finalizar su intervención, el diputado destacó la incorporación de un régimen sancionatorio progresivo que dispone desde multas leves hasta la posibilidad de cerrar un establecimiento que no cumple con las normativas vigentes. De igual modo, calificó como un avance la creación de un fondo de incentivo para el personal que estará conformado por parte de lo que se recaude en concepto de multas.

“Es uno de los pocos organismos con potestad de recaudación que no cuenta con un esquema que beneficie a sus trabajadores. Hoy lo tienen el EPAS, Rentas y el EPEN. Nos parece importante que una parte de la recaudación pueda redistribuirse entre todos los agentes del organismo”, justificó Lepore.

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A su turno, desde el PRO-NCN, Damián Canuto, afirmó que se trata de un paso adelante en materia de resolver conflictos laborales y apuntó que la modalidad de intervención de la Subsecretaría le permitirá al Estado poder convertirse en “garante de una intermediación administrativa que, lejos de imponer al trabajador una carga mayor, le asegurará contar con asistencia letrada”.

En ese sentido, aclaró que en caso de tratarse de un patrocinio privado y no del que pone a disposición el organismo, la normativa deja en claro que no puede haber imposición de costas compulsivas por tratarse de una homologación o un acuerdo que se alcanza en el marco de una conciliación.

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