La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, presentó el cálculo de gastos y recursos previstos para el próximo año en el Poder Judicial y remarcó que se trata de un presupuesto “equilibrado” y con un enfoque de género. Se estima que será de 260.197 millones de pesos. Consideró como ejes fundamentales de trabajo la digitalización de los procesos judiciales y la descentralización del servicio para garantizar el acceso.
Ratificó la decisión de adherir a la ley de desfederalización de las causas por narcomenudeo y señaló que “va a implicar un esfuerzo muy importante por parte del Poder Judicial en todas sus dimensiones”. También remarcó las medidas que se están implementando para combatir el grooming y las redes de pedofilia.
La administradora general del Poder Judicial, Karina Reina, hizo referencia al presupuesto inicial de este año y la proyección al cierre, en la que se estima un incremento del 89% a partir de la variación de las pautas macrofiscales.
En cuanto al presupuesto 2025, recordó que el 52% de los recursos corresponde a ingresos de coparticipación federal, el 46% a asistencia financiera y el 2% a recursos propios. En materia de gastos, detalló que el 92% se destinará a personal, 5% a servicios no personales, 2% a bienes de capital y 1% a bienes de consumo. En lo que respecta al gasto en personal, especificó que el 55% se concentra en el personal administrativo, técnico y ordenanza; mientras que el 45% en funcionarios y magistrados.
En otro tramo se refirió a la planta de personal y puntualizó que hay 2518 cargos aprobados, de los cuales 2340 se encuentran ocupados a septiembre de 2024, mientras que 178 están vacantes.
En tanto Gennari se refirió a la necesidad de contribuciones figurativas del Poder Judicial para equilibrar el presupuesto y la contextualizó en “una omisión legislativa que se configura desde el 2009 y nos ha llevado a esta situación”. La aclaración fue en referencia al artículo 2 de la ley de autarquía -1971- que establece que el porcentaje del régimen de coparticipación federal de impuestos que le corresponden por esa ley (18%) debe ser revisado todos los años por el Poder Legislativo. “No es una responsabilidad judicial, es una responsabilidad netamente política”, expresó Gennari.
Al respecto, afirmó que “estamos poniendo toda la creatividad para poder ser cada vez más austeros y ahorrar. Prácticamente hemos ajustado la mayoría de los procesos y todos los proyectos nuevos que hemos hecho prácticamente no tienen costo”.
