La vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, compareció ayer ante la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura para ejercer su derecho a defensa tras la suspensión preventiva de su cargo. Durante una audiencia que se extendió por nueve horas, Ruiz cuestionó el informe elaborado por la comisión investigadora y lo calificó de «arbitrario, violatorio e ilegítimo«.
«Puede ser que haya existido alguna desprolijidad, pero no hubo ni mala intención ni mala fe«, afirmó la funcionaria, quien negó haber cometido «ningún hecho ilegítimo o ilícito«. Sin embargo, los diputados cuestionaron el manejo de fondos públicos, contrataciones irregulares, y la designación de familiares en cargos legislativos, entre otros puntos.
La defensa legal de Ruiz, a cargo de Carlos Broitman y Patricio Winograd, argumentó que el procedimiento vulnera el debido proceso y las garantías constitucionales. “La inhabilidad moral es fulminar el mandato popular”, expresó Broitman, quien calificó las acusaciones como «falsas atribuciones» y «hipótesis erradas«.
Entre las imputaciones, se destacan el depósito de fondos del Poder Legislativo en la cuenta de su hermano Pablo Ruiz, la falta de respuesta a pedidos del Tribunal de Cuentas, el pago de sobreprecios y la contratación de una agencia de publicidad con elevados costos. Ruiz aseguró desconocer los depósitos en cuentas personales y atribuyó las prácticas a «usos y costumbres de gestiones anteriores».
Por otro lado, la vicegobernadora defendió la compra de un vehículo particular, argumentando que fue adquirido con ahorros personales y la venta de automóviles familiares, aunque sus distintas versiones sobre el tema generaron cuestionamientos de los legisladores.
El equipo de abogados también descartó grados de consanguinidad en la mayoría de los casos de designaciones cuestionadas y presentó declaraciones juradas para acreditar la idoneidad de los nombrados. Sobre los gastos protocolares, Ruiz afirmó que cuentan con trazabilidad en expedientes controlados por distintas dependencias.
Finalmente, la defensa advirtió que una eventual inhabilitación moral de Ruiz podría derivar en un «escándalo institucional» y abrir la puerta a un nuevo llamado a elecciones provinciales. La Cámara de Diputados deberá tomar conocimiento del descargo presentado y decidir sobre el futuro de la vicegobernadora.
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