La Legislatura de Neuquén aprobó por mayoría el proyecto de ley para crear un plan de protección integral para trabajadores de la educación. La izquierda se abstuvo y el bloque Cumplir votó en contra. La iniciativa presentada por la conducción provincial del gremio docente fue modificada y eso permitió que la mayoría de los bloques la acompañen.
Sin embargo, desde ATEN consideraron que las modificaciones «no afectaron el fondo de lo planteado ya que se garantizan espacios de intervención interministerales para la prevención, sanciones en el marco del Código de Faltas para lxs agresores y atención de la ART o el Estado en su defecto, para el/la docente victima de esas situaciones».
«Entendemos que es un avance para el cuidado de nuestra tarea, de la institución escuela como espacio seguro libre de violencias y para fortalecer los vínculos escuela comunidad. Reconocemos el trabajo legislativo que permitió convertir en Ley una sentida demanda de lxs trabajadores de la educación de Neuquén», afirmaron.
¿En qué consiste el Plan de protección integral?
La nueva ley constituye un marco legal para actuar ante hechos de violencia con manifestaciones físicas, verbales, digitales o mediáticas dirigida a docentes.
Establece protocolos de intervención y sanciones con una gradación desde multas -de 1 a 100 JUS-, 20 días de trabajo comunitario y hasta 30 días de arresto. Incorpora estas disposiciones al Código de Faltas en su artículo 63°. Para los agentes públicos que cometan agresiones, sin perjuicio de tales penas, se prevé también la suspensión sin goce de haberes, cesantía o inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.
Si la agresión proviene de un menor de edad, sus padres serán responsables y tendrán la obligación de participar en encuentros con los equipos interdisciplinarios de mediación institucional.
Crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el Ámbito Educativo, como órgano consultivo y de monitoreo de aplicación de la misma. Lo integrarán representantes del Consejo Provincial de Educación (CPE); de los ministerios de Educación y de Seguridad, de gremios docentes y no docentes y del Ministerio Público de la Defensa.
El Consejo Provincial de Educación deberá garantizar un entorno educativo seguro mediante protocolos de actuación; dispositivos de seguridad física y electrónica al interior de las escuelas; formación obligatoria en convivencia escolar; jornadas y espacios de contención institucional con el asesoramiento experto para abordar situaciones de violencia.
Entre las modificaciones realizada por los bloques oficialistas en consulta con la ministra de Educación, Soledad Martínez, fueron la la asistencia médica, psicológica y legal gratuita a la víctima.
Francisco Lepore del bloque Avanzar fue el miembro informante. Sostuvo que el régimen apunta a “garantizar condiciones laborales seguras y libres de violencia” para el plantel trabajador del sistema educativo. En ese sentido, la ley constituye un “mensaje de esta Legislatura contra la naturalización de las agresiones” a los y las docentes. Detalló los aspectos que fueron modificados en relación al proyecto original, ocasión en la que mencionó, por ejemplo, que el texto final contempla una graduación sancionatoria que va desde trabajo comunitario a posibles días de arresto, en función de la severidad de los hechos.
Desde el PRO-NCN Damián Canuto reivindicó la aprobación de leyes que “sean duras con quienes agreden a los trabajadores de la educación”. Se refirió a la necesidad de “castigar” a quienes actúan mediante agresiones y contrarrestó el argumento de que existe legislación vigente en la materia. “Lo que abunda no daña” concluyó el diputado.
Las dos bancas de la izquierda se abstuvieron de votar. Opinaron a favor de generar herramientas que combatan l a violencia hacia personal de la educación, pero cuestionaron que la redacción final eliminó medidas para la prevención y la protección -como el acompañamiento psicológico gratuito para la víctima-. En esa línea, consideraron que la norma adquirió un “acento punitivista” que originalmente no poseía.
“La violencia que atraviesa a las escuelas es un problema complejo y que no se resuelve con castigo a los agresores y algunas medidas generales de prevención”, señaló el diputado Andrés Blanco durante la sesión de la Legislatura de Neuquén. Y aseguró que “es muy improbable que se reduzcan los hechos de violencia si el gobierno provincial continúa con su campaña permanente de desprestigio de la tarea docente y la escuela pública”.
“El punitivismo, al enfocarse en el castigo como única respuesta, actúa cuando el daño ya está hecho y no busca dar una respuesta a los problemas estructurales y complejos que están detrás”, explicó.
En contra votó Brenda Buchiniz (Cumplir) tras argumentar que a la violencia hay que abordarla de manera integral y que además, no se realizaron los pedidos de informe a Seguridad para conocer la cantidad de hechos de violencia ocurridos hasta la fecha. Advirtió que “si legislamos para los docentes también tenemos que legislar para los médicos, enfermeros, barrenderos que sufren violencia” y consideró que existe legislación nacional, provincial y resoluciones ministeriales en la materia por lo que pidió no “sobre-legislar”.
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