La Cámara de Diputados sancionó por mayoría la ley 3426 que declara la emergencia penitenciaria en toda la provincia, autorizando al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta 50 millones de dólares.
En una sesión extraordinaria realizada anoche, la Legislatura de Neuquén aprobó por mayoría la ley 3426, que declara la emergencia penitenciaria en toda la provincia por un período inicial de tres años, prorrogable por igual período. La medida, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, faculta al Poder Ejecutivo a llevar a cabo operaciones de crédito público por hasta 50 millones de dólares para abordar la crisis del sistema carcelario, la falta de infraestructura de servicios y la superpoblación en las cárceles.
La norma recibió 21 votos positivos, aportados por los bloques Desarrollo Ciudadano-Comunidad, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Avanzar, MPN y Cumplir, mientras que las bancas de Unión por la Patria y FITU se pronunciaron en contra.
El diputado Ernesto Novoa (Desarrollo Ciudadano-Comunidad), quien fundamentó la necesidad de la emergencia penitenciaria, describió la situación carcelaria como «sumamente grave», señalando que la superpoblación ha llevado a la utilización de comisarías para alojar personas detenidas y condenadas en condiciones edilicias deplorables. Novoa indicó que el sistema penitenciario actual alberga a más de mil personas detenidas en instalaciones con capacidad para 600, subrayando la urgencia de una respuesta para garantizar condiciones dignas para los reclusos.
Por su parte, el diputado Francisco Lépore (Avanzar) resaltó la necesidad inmediata de incorporar 200 nuevas plazas para reducir el hacinamiento en la U11 y descongestionar las comisarías que actualmente alojan a 55 personas privadas de libertad. Además, mencionó que el financiamiento servirá para realizar reparaciones, incorporar equipamiento y restaurar servicios en las unidades de detención.
El bloque Cumplir, a través de su diputado Alberto Bruno, respaldó la medida como una forma de abordar las condiciones de hacinamiento y solicitó también una ley de emergencia en seguridad. Bruno destacó la importancia de la concurrencia de funcionarios de la cartera de Seguridad a la comisión de Hacienda para brindar informes de manera semestral.
Sin embargo, no todos los diputados estuvieron de acuerdo con la medida. La diputada Lorena Parrilli (FdTN) criticó el endeudamiento en moneda extranjera como una práctica habitual del gobierno provincial, mientras que su compañero de bloque, Darío Martínez, cuestionó la falta de precisiones en cuanto a las tasas y plazos del endeudamiento, sugiriendo que las necesidades carcelarias podrían cubrirse con un monto inferior a los 50 millones de dólares propuestos en la ley.
La aprobación de esta ley se suma a otras tres normativas impulsadas por el oficialismo para incrementar la recaudación provincial mediante subas de tasas y cobros por rescates en accidentes en caminos no habilitados. Estas iniciativas fueron cuestionadas por la oposición, que criticó la urgencia en su tratamiento durante sesiones extraordinarias, sin posibilidad de un debate detallado en comisiones.
La sesión extraordinaria, que inició a las 18:20 y finalizó a las 23:30, continuó con una cuarta sesión en la que se sancionaron las leyes tras aprobarse su tratamiento en particular. Las sesiones fueron presididas por la vicepresidenta 1°, Zulma Reina, y contaron con la participación de 26 diputados y diputadas.
