El fiscal del caso Andrés Azar y la asistente Carolina Gutiérrez acusaron este sábado a la expareja de Luciana Muñoz, quien se encuentra desaparecida desde el 13 de julio, por haber mentido en dos declaraciones oficiales, una ante la policía y la segunda ante la fiscalía, en el marco de las investigaciones desarrolladas para encontrar a la joven.
La fiscalía, con la adhesión de la querella particular en representación de familiares de Muñoz, pidieron al juez de garantías que dirigió la audiencia que disponga la prisión preventiva del acusado por 4 meses, pero el magistrado la rechazó. En contra de los pedidos de la acusación y en respuesta a un planteo de la defensa, ordenó que mañana a las 11 en la Ciudad Judicial se realice una nueva audiencia para evaluar una eventual prisión domiciliaria. Mientras transcurre ese plazo, dispuso que C.M.A continúe en la comisaría en la que permanece desde ayer, cuando la fiscalía ordenó su detención luego de dar falso testimonio en una declaración como testigo en la causa por la desaparición de Muñoz.
Acusación
La asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos contra las Personas explicó que las declaraciones falsas que se le atribuyen al imputado fueron dos: la primera, el 27 de julio a las 14:18 ante personal del Departamento de Seguridad Personal de la Policía de la provincia; y la segunda, el 23 de agosto a las 13:08, cuando fue convocado por la fiscalía.
Gutiérrez relató que “en ambas entrevistas, C.M.A manifestó que inició una relación con Luciana entre marzo y abril” y que “luego decidió cortar la relación”. “Dijo que la última vez que vio a Luciana fue un mes o un mes y medio antes de su desaparición”, continuó la representante del Ministerio Público Fiscal, y fue en ese punto que marcó una contradicción con los testimonios que dieron otras personas en la investigación por la búsqueda, quienes indicaron que entre el 8 y el 10 de julio, Luciana estuvo con él.
El segundo falso testimonio que la fiscalía le atribuyó a C.M.A tiene que ver con lo ocurrido durante el fin de semana de la desaparición. El imputado sostuvo entre el 12 y el 16 de julio no salió de su domicilio, y que podía constatarlo a través de su celular. “Voluntariamente accedió a mostrar su teléfono”, explicó Gutiérrez, pero a diferencia de lo que afirmó el imputado, el sistema de geolocalización arrojó que el 13 de julio por la mañana se movilizó por distintos domicilios y recorrió 7.5 kilómetros en 11 minutos.
La fiscalía encuadró el accionar en el delito de falso testimonio, dos hechos en concurso real, en carácter de autor (artículos 45, 55 y 275 del Código Penal).
La querellante particular, Verónica Zabala, adhirió a la acusación de la fiscalía y el juez, tras escuchar a la defensa, tuvo por formulados los cargos.
Prisión preventiva
Tras la acusación, el fiscal Azar sostuvo que si el imputado continúa en libertad existe un riesgo mayor de que pueda entorpecer la investigación, y pidió que le impusiera 4 meses de prisión preventiva.
“La prisión preventiva no es procedente cuando la pena pudiera ser condicional”, anticipó Azar en referencia al delito de falso testimonio, que tiene una escala de 1 mes a 4 años de prisión.
Sin embargo, aclaró que “por las características del hecho y las condiciones personales del imputado”, la pretensión de la fiscalía es una pena de prisión efectiva. En el mismo sentido se expresó la querella particular, y ponderaron la relevancia social y el impacto que ha tenido la búsqueda de la joven que lleva más de 40 días desaparecida.
“No se puede ser ajeno al contexto: se rastrillaron más de 1000 hectáreas, se analizaron 800 horas de video y se hicieron 15 allanamientos. No es lo mismo que en un falso testimonio de un delito contra la propiedad”, argumentó Azar. En igual sentido, la querellante remarcó que “la investigación que se está entorpeciendo es la de la búsqueda de una joven que fue pareja del acusado, que el fin de semana de su desaparición tenía golpes, y corresponde hacer una valoración con perspectiva de género”, afirmó.
La defensa rechazó la prisión preventiva y sostuvo que, si la pena posible es de 1 mes a 4 años de prisión –en las condenas de hasta 3 años la ejecución de la misma puede no ser efectiva- no correspondía imponer la prisión preventiva y ofreció una detención domiciliaria.
El juez coincidió con este posicionamiento, pero con el objetivo de evaluar el domicilio que informó la defensa para cumplir con la detención, prorrogó la detención de C.M.A por un día y fijó una audiencia para mañana domingo 25 de agosto, a las 11, en la Ciudad Judicial.
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