El presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Iñiguez, planteó disidencias respecto al proyecto que incorpora modificaciones en el funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo. Planteó la necesidad de desestimar cualquier tipo de injerencia jurisdiccional por considerarlas del orden de lo jurídico y no propias de un acto administrativo, como deben definirse las actuaciones que lleva adelante y resuelve el organismo provincial.
Iñiguez también se pronunció en contra de instancias de patrocinio gratuito por parte de funcionarios que trabajan dentro del ámbito de la Subsecretaría y explicó que el Colegio de Abogados tiene una nómina extensa de profesionales que pueden brindar asesoramiento y cobrar honorarios al dictarse una sentencia o celebrarse un acuerdo entre las partes.
En su intervención, también pidió que las propias empresas privadas puedan solicitar la intervención de la cartera laboral en casos puntuales y adelantó su acompañamiento para permitir que el organismo actualice y dinamice su función a través de la implementación de herramientas tecnológicas.
Desde el Instituto de Derecho Laboral del Colegio, Natalia Hormazábal y Julia Busqueta, tuvieron una postura crítica respecto de la iniciativa. Señalaron que las reformas incorporadas suprimen la autonomía de funcionamiento del organismo y le quita facultades necesarias para desarrollar tareas de control. Por caso, citaron la imposibilidad de poder realizar inspecciones sin aviso previo.
En el plano legal, Busqueta advirtió que en la actualidad las distintas actuaciones se terminan dirimiendo en el ámbito judicial por la falta de resolución de conflictos que ofrece el organismo. Al respecto, Ormazábal indicó que la nueva redacción no prevé adecuaciones que eviten la alta litigiosidad que presenta el sistema ni incorpora mejoras para garantizar el trabajo que deben llevar a cabo los agentes que dependen de la Subsecretaría.
